Santiago de Compostela,

Daniel DOMÍNGUEZ

Instituciones Penitenciarias concedió el pasado junio el segundo grado penitenciario a Mohamed Bouharrat, condenado a 12 años por los atentados del 11-M y que cumple condena en la cárcel de A Lama (Pontevedra). Y lo hizo después de que el recluso firmase una declaración de arrepentimiento y abjurase del terrorismo, tal como estipula la denominada «vía Nanclares», que permite obtener beneficios penitenciarios a los presos de ETA que piden perdón y rompen con la banda.

Esta decisión abre la puerta a que un condenado por el 11-M pueda salir de prisión hasta 36 días al año de permiso ordinario, pues Mohamed Bouharrat cumple los requisitos exigidos a los presos para obtener los beneficios del segundo grado: ha cumplido al menos la cuarta parte de su condena y presenta buen comportamiento.

Para alcanzar el segundo grado, Bouharrat ha utilizado un método similar a la denominada «vía Nanclares», el camino trazado por el Gobierno en 2010 para los presos de ETA que quisiesen conseguir beneficios penitenciarios tales como ser acercados a Euskadi: pedir perdón por su delito y romper con su organización de manera explícita.

Bouharrat firmó un escrito de arrepentimiento con el que acompañó su petición para acceder al segundo grado.

La dirección de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aprobó la concesión del nuevo régimen en junio, a instancias de la dirección de la junta de tratamiento de A Lama, según ha podido saber «Faro de Vigo», del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA.

La clave del caso radica en que ahora el reo cumple todos los requisitos legales para obtener permisos penitenciarios y salir a la calle, pues presenta buena conducta y ha cumplido el 20 por ciento de su condena. Bouharrat cumple dos penas en estos momentos: doce años por pertenencia a banda armada, vinculada al 11-M y decretada por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, y otros ocho por robo con violencia y lesiones que fue juzgado en Móstoles.

El segundo grado, según Instituciones Penitenciarias, permite al recluso disfrutar de permisos ordinarios que pueden sumar hasta 36 días al año fuera de prisión. Además, es el primer paso para alcanzar el tercer grado, el régimen más laxo, que establece hasta 48 días de permiso con una duración máxima de hasta siete jornadas.

La «vía Nanclares» fue bautizada así en el año 2010 cuando el entonces ministro del Interior y hoy líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ofreció la concesión de beneficios penitenciarios a los miembros de la banda -negados en aplicación de la doctrina Parot que los distingue del resto de los reos- a cambio de suscribir testimonios de arrepentimiento y desvincularse de ETA, con la intención de abrir una brecha en la organización y debilitarla a nivel interno, lo que consideraba clave para lograr la entrega de las armas de la banda y su desmantelamiento.

Posteriormente, Fernando de Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez lograron la libertad condicional usando este método, bautizado así por el penal situado en Nanclares de Oca, cercano al País Vasco. La política del Gobierno sobre los presos etarras es de dispersión y alejamiento de su lugar de residencia.

Este método, según fuentes conocedoras del caso, es el que ha seguido Bouharrat, que firmó su petición ante la junta de tratamiento de la prisión junto a su declaración de arrepentimiento. Fue en junio cuando servicios centrales de Instituciones Penitenciarias abordaron su caso y aprobaron su clasificación como interno en régimen de segundo grado.

Bouharrat es el único condenado por el 11-M que ha accedido al segundo grado, si bien otro, Rafá Zouhier, estudia también recurrir a esa vía. El caso de Bouharrat, sin embargo, es el primero en confirmarse y llega en medio de la polémica por la excarcelación del etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga, con cáncer terminal.