El Congreso ha aprobado hoy, con los votos del PP y la crítica de todos los partidos de oposición, el crédito aprobado por el Gobierno de 1.782 millones de euros para pagar deuda acumulada con la industria de la Defensa, un "elemento estratégico de la seguridad nacional", según el ministro del ramo, Pedro Morenés.
Con 176 votos a favor (PP y el diputado de UPN), 151 en contra y ninguna abstención, el pleno de la Cámara Baja ha convalidado el Real Decreto Ley, aprobado por el Gobierno el 7 de septiembre, por el que se concede a Defensa un total de 1.782.770.890 euros para atender la deuda acumulada con sus proveedores durante 2010 y 2011, así como los compromisos de pago de 2012 no contemplados en el presupuesto del Ministerio.
Morenés ha subrayado que el Gobierno "ni puede ni quiere" eludir los pagos acumulados y ha afirmado que este crédito supone "un primer paso" para saldar deudas, "poner el contador a cero" y sentarse a negociar con la industria de la defensa sobre los pagos pendientes.
Los impagos acumulados por Defensa en programas especiales de armamento superan los 30.000 millones de euros hasta 2025, de los que 1.782 se deben afrontar este año.
Tras recalcar que el Gobierno tiene que pagar sus deudas por "responsabilidad y credibilidad", el ministro ha dicho que no hacerlo supone descrédito para España, así como sanciones.
Además, no pagar hubiera "amenazado mortalmente" al sector de la Defensa, con más de 500 empresas, unos 80.000 empleos y una facturación de más de 6.100 millones de euros.
El "justo" pago es "una apuesta por la industria española de la Defensa", un "elemento estratégico de la seguridad nacional", ha recalcado el ministro.
Ha asegurado que a partir de ahora su departamento trabaja "sin cesar" para resolver el "grave problema" financiero, mediante la modificación de plazos de entrega de armamento y renegociación de los contratos, entre otras iniciativas.
Todos los grupos parlamentarios han coincidido en criticar el uso del mecanismo de real decreto ley, y en concreto el portavoz del PSOE, Diego López Garrido, ha acusado al ministro de "humillar" al parlamento al hurtar el debate sobre el asunto.
En su opinión, compartida por otros portavoces, se trata de "un crédito extra para una situación nada extraordinaria", porque ya se conoce desde hace 15 años.
El diputado socialista ha dicho que el real decreto no aborda el problema de fondo y llega en un momento en el que el Gobierno vulnera los derechos sociales de los ciudadanos.
