El pasado 2 de julio se publicaron unas grabaciones que comprometían la limpieza de los contratos de la Dirección General de Tráfico, organismo que desde ese día entró en una espiral de malas noticias que costó el cargo a su jefa, María Seguí, y que además coincide con un preocupante repunte de las muertes en carretera.
Ha sido un mes sin tregua para un organismo poco habituado a las polémicas y a las sospechas, en una materia en la que España ha vivido años de "paz política" y de buenas noticias gracias al descenso continuado de la siniestralidad vial, una tendencia que ahora se ha roto.
Julio terminó con 124 muertes en carretera, 11 más que un año antes y la cifra más alta desde 2011. En lo que va de año, han sido 667 los fallecidos, 51 más que en el mismo período de 2015.
La DGT vincula ese repunte con el aumento de los desplazamientos y con el envejecimiento del parque móvil, pero el propio fiscal especializado en Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha avanzado la necesidad de hacer un análisis "científico" de las causas de ese incremento.
En realidad, el aumento de la mortalidad es la peor noticia de las que han afectado a Tráfico en un mes que comenzó con cumpleaños: los diez años del carné por puntos, la medida más exitosa de cuantas se hayan puesto en marcha en esta materia y que ha contribuido significativamente a que las muertes en carretera se hayan reducido un 62 % en esa década.
El sistema de puntos aún funciona, aunque debe ser revisado para adaptarlo a los nuevos tiempos, según la mayor parte de los expertos.
Sin embargo, precisamente fue el carné por puntos -en concreto los cursos de sensibilización y reeducación para recuperar los puntos perdidos- el origen del mes "horribilis" de la DGT, a raíz de que el diario El Mundo publicara unas grabaciones de la entonces subdirectora adjunta de Conocimiento Vial, Marta Carrera, y el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez.
La CNAE ha sido beneficiaria de dichos cursos desde hace diez años y en esas grabaciones se aprecia un posible amaño de la concesión.
La noticia motivó de inmediato la apertura de una investigación por parte del Ministerio del Interior, el anuncio de la remisión de las actuaciones a la Fiscalía y el cese de Carrera.
En último término, ha supuesto la suspensión cautelar de la tramitación del procedimiento de contratación del concurso de los cursos, un procedimiento plagado de recursos y denuncias cruzadas entre los interesados.
Pero esa suspensión ya la ha firmado Cristóbal Cremades, sustituto circunstancial (con un gobierno en funciones no puede haber nombramientos) de María Seguí al frente de la Dirección General de Tráfico. Porque Seguí presentó su renuncia el 22 de julio acorralada por esta crisis, pero sobre todo por un supuesto favoritismo hacia su marido.
La cuestión es que la DGT dio ayudas económicas a proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad realizados por el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, en el que trabajaba Francisco López Valdés, su marido.
Seguí renunció por "dignidad personal" y compromiso con su trabajo, pero con "la conciencia tranquila" y "la cabeza bien alta", convencida de que fue objeto de una "persecución" orquestada por Juan José Alba, excompañero de su marido en la Universidad.
Pero el Ministerio del Interior, en una investigación interna, apreció indicios de que Seguí incumplió las reglas de incompatibilidades que regulan los conflictos de intereses de los altos cargos al adjudicar proyectos de investigación de la DGT a su marido en 2012 y 2013.
De hecho, Interior remitió el resultado de sus investigaciones a la oficina de conflicto de intereses del Ministerio de Hacienda, encargada de la instrucción, en su caso, de expedientes sancionadores a los altos cargos de la administración.
En cualquier caso, sea sancionada o no, los escándalos han acabado con el mandato de Seguí al frente de Tráfico en un momento crítico marcado por el cambio de tendencia en la siniestralidad en las carreteras.
