El Tribunal Supremo considera que persiste el riesgo de fuga de los nueve líderes encarcelados que, a partir de la próxima semana, se sentarán en el banquillo por el proceso soberanista catalán. El alto tribunal denegó ayer de nuevo su libertad y determinó que su situación no es equiparable a la de un diputado turco de la oposición, ante cuyo caso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ordenó al Gobierno de Erdogan a poner sin a su prolongada prisión preventiva.
En un auto conocido ayer, el Supremo considera que los presos soberanistas presentan un elevado riesgo de fuga por la cobertura exterior de que gozan los huidos de la justicia, como el expresidente Puigdemont. Para el tribunal resulta evidente "la existencia de cierta infraestructura en el extranjero que podría facilitar la fuga de los procesados", una de las circunstancias que justifica por sí sola el rechazo a su pretensión de salir de la cárcel. El auto apunta además que hay "estructuras de poder organizadas" fuera de España y al servicio de los procesados que se encuentran huidos y que resultan visibles con los continuos viajes de representantes públicos soberanistas a Bélgica.
El auto rechaza que la situación de los presos secesionistas sea similar a la del opositor kurdo Selahattin Demirtas, una caso invocado por las defensas para pedir la libertad de los líderes catalanes. El Tribunal de Estrasburgo instó al Gobierno turco a dejar en libertad al diputado tras una prolongada prisión preventiva. Demirtas "era un líder opositor cuyo encarcelamiento -sin entrar en otro orden de consideraciones acerca de las notas definitorias del sistema jurisdiccional turco y de la pervivencia de preceptos penales difícilmente conciliables con el Convenio de Roma- podía llegar a implicar una ruptura de la legitimidad democrática", apunta el auto del Supremo. En cambio, los acusados que a partir de la próxima semana se sentarán en el banquillo eran representantes del Estado en Cataluña plenamente integrados en las estructuras de poder y en ningún caso "expresaban la silenciada voz del discrepante frente a una política hegemónica que se impone sin contrapesos". La Sala considera que en el Supremo no se criminaliza ninguna forma de pensar porque, de hecho, "la ideología que con tanta legitimidad democrática profesan los recurrentes" es la que "sostiene ahora al gobierno autonómico y está presente en las instituciones de las que la mayoría de los procesados formaban parte".
El Tribunal Constitucional mantiene en suspenso sus deliberaciones sobre un recurso del exvicepresidente Junqueras amparándose en el "caso Demirtas" para no interferir en el proceso del Supremo y después de que una primera sesión hubiera manifiestos desacuerdos entre sus miembros sobre la manera de resolver la reclamación.
"La Justicia española está dando apoyo a una campaña de la extrema derecha", protestaba ayer el líder de ERC en desacuerdo con que Vox ejerza la acusación particular en el proceso contra la intentona soberanista.
La fiscal general del Estado, María José Segarra, confía en que la retransmisión en directo del juicio en el Supremo frene los intentos de desinformación. "Desde la Fiscalía vamos a intentar explicar y ser lo más diáfanos posible para que se entiendan los posicionamientos que, en cada momento, se hagan", afirma.
