A la segunda, cambio de estrategia de defensa. Joaquim Forn depuso ayer nada más terminar Oriol Junqueras, y a diferencia de éste, sí contestó a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, no así a las de Vox. El abogado del exconsejero de Interior, Javier Melero, ya había anunciado en el trámite de cuestiones previas que afrontaría el juicio como un proceso estrictamente penal. Y a rebatir las acusaciones de rebelión y malversación que el Ministerio Público le imputa a Forn se dedicó Melero, con dos objetivos: rebajar la validez del referéndum del 1-O, que incumplió la ley del Parlament que lo amparaba, y reduciendo a meramente simbólica la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.

Entre los incumplimientos de la ley del referéndum aprobada en la tormentosa sesión del Parlament del 6 de septiembre de 2017, Forn destacó la supresión de la sindicatura electoral (por efecto de las multas con que había amenazado a sus miembros el Tribunal Constitucional) y que la proclamación de los resultados del 1-O no se hizo en el plazo establecido en la norma. Pero es que, además, "nadie pidió que se procediera según las leyes de desconexión", dijo Forn en referencia a la del Referéndum y a la de Transitoriedad Jurídica, porque el Govern aún tenía "voluntad" de dialogar con el Gobierno.

De igual manera, la DUI tuvo valor simbólico, no jurídico, pues el Parlament "sólo votó la parte resolutiva en la que se rechazaba" la aplicación del artículo 155 "y se abría el proceso constituyente", no la declaración, propiamente dicha, de independencia. Y además la propuesta de resolución votada no se publicó en ningún boletín oficial.

Siguiendo con la estrategia de restar relevancia a las decisiones tomadas por el soberanismo esos días, tras la aplicación del 155 "no hubo actos de resistencia", recordó el exconsejero, para el que la Fiscalía pide 16 años.

En lo tocante a la violencia del 1-O, Forn se alineó por completo con lo declarado por la mañana por Junqueras: "Era imposible imaginar, prever, cualquier tipo de violencia generalizada, cosa que tampoco se produjo". Y con la ayuda de su defensor y de varios documentos, se esforzó en probar que, con las fuerzas policiales con que se contaba, era imposible cumplir la instrucción de la Fiscalía de impedir el referéndum, emitida antes del mandato de la juez Armas del TSJC.

Algo más duras se las tuvo Forn con el fiscal Fidel Cadena, el primero en formularle preguntas. Fue durante este interrogatorio cuando el presidente del tribunal, Manuel Marchena, amenazó con desalojar a quien mostrase aprobación o desaprobación hacia las preguntas de los fiscales o las respuestas de los declarantes, tras escuchar unas risas procedentes, al parecer, del público.

El magistrado ordenó al fiscal (como después a la abogada del Estado) que no debatiera con el acusado ni forzara el interrogatorio en busca de una respuesta concreta. Especialmente cuando Cadena se esforzaba en saber qué grado de adhesión tenía Forn con el informe de los Mossos del 28 de septiembre, sobre los riesgos de violencia del 1-O.

El procesado aseguró que los Mossos "siempre cumplieron la ley" (negó así la "inactividad" de la que los acusa la Fiscalía) y que ni él ni Puigdemont les dieron "nunca instrucciones políticas para que incumplieran "su función de policía judicial", desvinculándose del operativo del 1-O. "No participaba en ellos".

Forn dijo que se había comprometido políticamente con el referéndum, pero que, como consejero de Interior y máximo responsable político de los Mossos, sabía cuáles eran sus competencias: impedir la consulta.