La condena de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a doce líderes de la intentona secesionista catalán es sólo el preámbulo de una larga cascada de causas abiertas en distintas instancias judiciales. Sobre los al menos siete procesos pendientes por hechos relacionados con el referéndum ilegal de 2017 gravitará ahora, con efectos dispares, la sentencia.
La Mesa del Parlament. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene pendiente la causa contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament y una exdiputada de la CUP que facilitaron la tramitación de las leyes del "procés". La Fiscalía pide penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación para los seis acusados por un delito de desobediencia grave, aunque en su día el Supremo les interrogara en la condición de investigados por rebelión, sedición y malversación, antes de decidir remitir la causa al TSJC al considerarlo el órgano competente para juzgarlos.
La organización del 1-O.La logística del referéndum, desde la distribución postal o la gestión informática hasta la designación de los observadores internacionales, deja a las puertas de un juicio a una treintena de cargos del Govern, técnicos y empresarios, procesados por malversación, prevaricación, desobediencia y falsedad documental, delitos a los que la Fiscalía pugna por añadir el de organización criminal. Es el resultado de más de dos años de investigación en los que, bajo la dirección del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
Los alcaldes. Ninguno de los 700 alcaldes a los que la Fiscalía General instó a abrir diligencias en vísperas del 1-O, en su ofensiva contra los apoyos municipales al referéndum, llegó por el momento a juicio y son apenas media docena los que acabaron imputados.
La sindicatura electoral. Aunque apenas estuvieron un mes en el cargo, los cinco síndicos electorales a los que el Parlament designó para supervisar el referéndum se enfrentan a una querella de la Fiscalía por desobediencia, usurpación de funciones y malversación. Los querellados están a la espera de que se señale su juicio, en el que afrontan penas de dos años y nueve meses de cárcel.
Matamala, el senador acompañante. Amigo íntimo y mano derecha del expresidente Puigdemont, el empresario Josep Maria "Jami" Matamala lo acompañaba cuando la policía alemana lo detuvo en marzo de 2018. Por ello, la Audiencia Nacional le abrió una causa por encubrimiento, junto a otros acompañantes. Matamala volvió a Waterloo, donde que vive con Puigdemont, al disolverse las Cortes y perder la condición de senador y su aforamiento.
Torra y los CDR. El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, se sentará en el banquillo el próximo 18 de noviembre por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. Además, siete activistas de los CDR permanecen en prisión preventiva, acusados de preparar sabotajes con explosivos.
