La reacción catalana a la condena de nueve líderes independentistas ha servido a Vox para apuntalar la remontada de la formación que las encuestas con propuestas de intervención dura en Cataluña. El partido de Abascal reclama la declaración del estado de excepción y para el 26 de octubre convoca una concentración en la madrileña plaza de Colón. El secretario general del partido ultraderechista, Javier Ortega Smith, considera que "es el momento de salir a la calle".
En un mitin en Córdoba, Abascal instó ayer al presidente Sánchez a que "baje a la arena" a luchar "cuerpo a cuerpo" con los independentistas y "no juegue con la vida" de los agentes policiales en Cataluña.
La ley de Seguridad Nacional es la medida más inmediata que podría adoptar el Gobierno en el escenario catalán. La ley regula las llamadas "situaciones de interés para la seguridad nacional" al instar a la "coordinación reforzada de las autoridades competentes" bajo la dirección del Gobierno, pero "en ningún caso" mediante "la suspensión de los derechos fundamentales".
La ley se aprobó en 2015 y Pablo Casado pide su aplicación inmediata al no precisar de ningún requerimiento previo. Para aplicar dicha norma, que en el Congreso se aprobó con el visto bueno del PP y del PSOE, pero no de las fuerzas nacionalistas, se tiene que identificar una "situación de interés para la seguridad nacional". Detectada dicha situación por "la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución", el Gobierno dirigirá "la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias".
Si el presidente del Gobierno decide que hay una situación de interés para la seguridad nacional, tendrá que firmar un real decreto, que definirá dicha crisis, el ámbito geográfico del territorio afectado, la duración y una posible prórroga y la autoridad funcional supervisará la coordinación.
