No todo son malas noticias: este 2021 varios tramos de las autopistas españolas dejarán de ser de pago porque finalizan sus concesiones:

  • El tramo de la AP-2 desde Zaragoza a El Vendrell.
  • Los tramos de la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera y entre Montmeló y El Papiol.
  • El tramo de la C-32 entre Barcelona y Lloret de Mar.
  • El tramo de la C-33 entre Barcelona y Montmeló.

Todos estos tramos se suman a los que ya levantaron barreras en 2020 en la AP-1 entre Burgos y Armiñón, en la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, y en la AP-7 entre Alicante y Tarragona. Así, las respectivas Administraciones volverán a asumir plenamente la titularidad, así como los costes asociados a su mantenimiento.

Autopistas de peaje actuales. En negro los tramos en servicio. En amarillo los tramos de próxima finalización. En verde, tramos eliminados. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.Gobierno de España.

Autopistas de peaje actuales. En negro los tramos en servicio. En amarillo los tramos de próxima finalización. En verde, tramos eliminados. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.Gobierno de España.

¿Peajes no, peajes sí?

Según el Ministerio de Fomento, la red de carreteras del Estado tiene 17 228 km de vías de gran capacidad. Casi el 19%, 3 223 km, son actualmente de peaje. Tras la finalización de las concesiones de este año y del próximo quedarán poco más de 2 000 km de vías de peaje, que representarán el 11% del total. La mayor parte, por tanto, se financian con cargo a los Presupuestos del Estado.

La cuestión es que, aunque las autopistas de peaje pasen a ser gratuitas para sus usuarios, el mantenimiento se costeará con los bolsillos de todos los contribuyentes a través de los impuestos generales. Sin embargo, parece que la alegría va a durar poco, porque hace unos días el Gobierno anunció que planea revisar el sistema de financiación de las vías de alta capacidad, que es como ahora llaman a las autopistas y autovías.

Este proyecto se enmarca en el plan de inversiones y reformas que España ha enviado a Bruselas para acceder a los fondos de recuperación. Lo que no ha trascendido de momento es cómo se configurará el nuevo sistema de financiación, a qué vías terminará afectando, ni a partir de cuándo.

¿Quién paga, el usuario o el contribuyente?

Los que no usan estas infraestructuras seguro que prefieren que sus impuestos se destinen a otros servicios públicos. Mientras que a los usuarios que han estado pagando religiosamente los peajes durante las últimas décadas les parece una encerrona tener que seguir haciéndolo una vez amortizada su construcción.

Esta disyuntiva también podría aplicarse a otras infraestructuras, como puertos y aeropuertos, o incluso a servicios públicos de uso voluntario. Para unos, la máxima sería que pague quien lo use, mientras que para otros sería si Hacienda somos todos, pues entre todos lo pagamos todo.

Cómo se distribuyen los ingresos y cómo se reparten los gastos no es para nada un debate nuevo, de hecho, forma parte inseparable del discurso político. Lo que ocurre ahora es que los efectos de la pandemia en la economía española han acelerado el endeudamiento del Estado, llevando la deuda pública, que ya estaba desbocada, a niveles casi inasumibles.

El objetivo de este Gobierno, y de cualquier otro, es equilibrar gastos con ingresos, y los tributos y otras formas de copago son uno de los principales recursos para conseguirlo. Si, además, las autoridades de la Unión Europea condicionan la enésima ayuda de fondos europeos a la adopción de medidas de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera, la búsqueda de nuevos ingresos pasa de ser necesaria a ser imprescindible.

Es el usuario quien paga

Parece inevitable que, en este escenario, se acabe instaurando algún gravamen a quienes utilicen las vías de alta capacidad para poder costear así su mantenimiento. Además, un modelo de cobro por uso incluiría a los conductores de otros países, a los que la ausencia de peajes sí les permite un uso totalmente gratuito de estas infraestructuras.

Entre los sistemas de peaje posibles está el basado en el cobro por distancia recorrida. Este precisa de la instalación en las vías de sistemas de control y seguimiento, capaces de determinar las distancias y facturar la tarifa correspondiente a los kilómetros de vía empleados.

El otro sistema es el conocido como la viñeta. Está vigente en algunos países del centro de Europa y consiste en el pago por parte de los conductores de una cuota única o tarifa plana que les permite viajar ilimitadamente durante un tiempo preestablecido. Tiene la ventaja de que su implantación y gestión es mucho menos costosa que el cobro por distancia recorrida. Además, permite una mayor adaptación de las tarifas a las necesidades de los usuarios y a las características de los vehículos.

Shutterstock / gabriel12

Shutterstock / gabriel12

Ayuntamientos huérfanos de ingresos

Hay otra Administración que también se ve perjudicada por la finalización de las concesiones de las autopistas de peaje: la de los municipios por donde discurren estas vías. Resulta que las concesionarias pagan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sobre los terrenos que ocupan los viales e instalaciones de sus concesiones, impuesto que las Haciendas locales dejarán de ingresar desde el momento en que la titularidad de las mismas vuelva a manos públicas.

Así pues, dejarán de recaudar las cuotas de un impuesto que, en no pocos casos, representan una parte significativa de los presupuestos municipales. No en vano, el IBI es el principal recurso tributario de los ayuntamientos, el cual puede llegar a representar el 50% de sus ingresos. Por tanto, cualquier reducción en el IBI puede provocar un grave problema en las finanzas municipales, como sería este caso.

En este sentido, algunos ayuntamientos ya han empezado a alzar la voz y a reclamar al Ministerio de Hacienda una solución a este vacío presupuestario mediante una compensación con fondos estatales que, no hay que olvidar, pagan todos los contribuyentes.

El ineludible pago de impuestos

Está claro que es difícil que llueva a gusto de todos, pero cuando se trata de impuestos las decisiones nunca gustan a nadie. Evidentemente, no a los directamente afectados por el pago, pero tampoco a los demás porque, o bien un día pueden ser usuarios y por tanto contribuyentes, o porque esos impuestos terminarán convirtiéndose en costes en la cadena de valor de la producción de bienes y servicios e incrementarán sus precios finales.

De modo que, en este caso, ya sea pagando directamente el peaje como usuarios, o mediante impuestos generales como contribuyentes, o como clientes, a través del precio del servicio de transporte que ha utilizado una vía rápida, será difícil librarse de este pago. Y es que, como dicen que dijo Benjamin Franklin hace más de 250 años, “en este mundo no hay nada seguro salvo la muerte y los impuestos”.