¿Puede Sumar dejar sin recursos a Podemos si rompen su acuerdo? 5 claves

La caja de Pandora se abrió a raíz de unas palabras de Ada Colau tras hacerse público el acuerdo de investidura del PSOE y Sumar. "Podemos ha firmado un acuerdo con Sumar para ir juntos a las elecciones y debe cumplir, o no tendrá retorno en materia económica", dijo la líder de los Comuns en una entrevista en RTVE a tenor de si el espacio morado secundaría la alianza con los socialistas. Y Pablo Iglesias ha respondido sin pelos en la lengua con un artículo en el diario 'Ara' en el que acusa a la exalcaldesa de Barcelona de estar lanzando "amenazas" que no se pueden cumplir fruto de su "frustración autoritaria". Si Colau ya no había tenido en los últimos años especial sintonía con el exlíder de Podemos, ahora menos.

Pero más allá de la escalada de decibelios verbal entre ambos, el intercambio de reproches lanza interrogantes sobre si realmente es posible o no que Sumar cierre el grifo de recursos a Podemos si la relación salta por los aires definitivamente. Más allá de asegurar que el apoyo a la investidura no está en riesgo, Iglesias ha salido en defensa de la soberanía y de los derechos económicos que adquieren los partidos cuando firman una coalición. ¿Pero qué tienen pactado exactamente los morados con Yolanda Díaz? ¿Qué puede pasar ante una discrepancia irresoluble entre ambos? ¿Tienen los Comuns con Podem Catalunya una relación similar? A continuación, las claves de esta contienda.

¿Cuál es el reparto y qué se lleva Podemos?

En estos momentos, Podemos cuenta con el 23% de cualquier subvención pública que perciba la coalición de Sumar, en virtud del acuerdo electoral que alcanzaron para las elecciones del 23 de julio y que validaron ante la Junta Electoral Central. Aquel pacto generó enormes tensiones en el espacio por las fuertes críticas de Podemos a las condiciones, que dejaban fuera a Irene Montero y que le valieron para hacerse con cinco de los 31 diputados totales del grupo parlamentario. El apartado económico era uno de los puntos fuertes para los morados, que percibían casi una cuarta parte de los ingresos totales de la plataforma de Yolanda Díaz. 

Las condiciones para la asignación económica

En total, son dos las subvenciones públicas que reciben las formaciones con representación parlamentaria, un detalle no menor que podría determinar el desenlace en caso de que Podemos y Sumar consumen su ruptura política. Una de ellas es la asignación que percibe Sumar por el Congreso de los Diputados, de la que Podemos recibe ese 23% pese a que su proporción de diputados es mucho menor. La segunda proviene del Ministerio del Interior para la financiación de los partidos políticos.

Una vez sellado el acuerdo electoral, la coalición de Sumar trasladó a este departamento el reparto económico acordado con las distintas fuerzas, especificando qué porcentaje de la subvención total correspondía a cada partido y en qué cuenta bancaria debían abonarse las distintas asignaciones, que son transferidas de manera directa de Interior a Podemos y el resto de fuerzas. Por escaños y votos, a Sumar le corresponden 7.050.911,53 euros anuales si se tienen en cuenta tanto las subvenciones de Interior como las del Congreso. De esta cantidad, a Podemos le corresponde el 23%, alrededor de 1,6 millones de euros, quedando 5,4 millones para el resto de fuerzas y para Sumar. 

¿Podría Podemos quedarse sin asignación en caso de ruptura?

La advertencia que lanzó Ada Colau es una hipótesis que ha rondado la coalición Sumar desde su mismo germen, cuando Sumar incluyó una cláusula antiescisión para Podemos, incorporando en el acuerdo el compromiso de permanecer dentro del grupo parlamentario. En caso de salir del grupo, dejarían de percibir automáticamente las subvenciones correspondientes al grupo parlamentario de Sumar, aunque esta cantidad (1.621.709 euros anuales) es mucho menor que la procedente del Ministerio del Interior, dirigida a los gastos de funcionamiento de los partidos.

En caso de que Podemos abandonara el Grupo Plurinacional Sumar y pasara al Grupo Mixto -algo que de momento no está en sus planes-, la gran duda jurídica es si seguiría manteniendo el derecho a la asignación económica proveniente del Ministerio del Interior. Sumar podría requerir al ministerio un nuevo reparto de asignaciones y dejar fuera a los morados, alegando la ruptura del acuerdo que justificaba el reparto económico inicial. El debate jurídico está servido, y dejaría la pelota en el tejado del departamento dirigido, por ahora, por Fernando Grande Marlaska, que podría aceptar o rechazar esta modificación. De llegarse a este extremo, con toda seguridad serían los tribunales quienes tendrían la última palabra.

¿Y si Podemos se mantiene en el grupo?

Pero, ¿y qué sucede si Podemos se mantiene en el grupo, como de momento se plantea hacer? El riesgo de perder sus recursos económicos aleja esta posibilidad en las filas moradas, aunque en las últimas semanas el partido no ha dudado en cuestionar sistemáticamente a Díaz, y ha llegado a poner en duda el pacto de Gobierno alcanzado con el PSOE. Aunque ha asegurado que apoyará la investidura de Pedro Sánchez, sí advierte de que hará 'sudar' cada uno de sus cinco votos, obligando a una negociación permanente a los socialistas para aprobar sus medidas. Un carácter que le pueda llevar a asemejarse, en cuanto a funcionamiento parlamentario, a fuerzas como ERC o Bildu más que a un partido integrado en la coalición de Gobierno.

Pero, ¿hasta qué punto es sostenible? ¿Puede Sumar expulsar a los cinco diputados de Podemos de su grupo si la dinámica es esa? En los planes de la coalición tampoco está la expulsión de Podemos, cuyos ataques tratan de neutralizar mediante la indiferencia y reduciendo su visibilidad y, por tanto, su capacidad de impacto. Está por ver a qué nivel llevan los morados su desafío, con quien prevén competir en las elecciones europeas del próximo junio. En este punto, será el reglamento del grupo parlamentario -actualmente en redacción- el que fije un régimen sancionador que podría contemplar la expulsión del grupo parlamentario. Una decisión que, de llevarse a cabo, desembocaría en un embrollo jurídico y una pugna política al más alto nivel.

¿Qué pacto tienen los Comuns con Podem Catalunya?

No solo Iglesias se revolvió contra las palabras de Colau sobre cómo estaban juego recursos para el partido, sino que también la coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, ha alzado la voz para dejar caer que hay lagunas en el pacto sellado con los Comuns para la coalición de En Comú Podem. "La subvención anual del grupo parlamentario tendrá la siguiente distribución: 75% Catalunya en Comú y un 25% Podemos", reza el acuerdo firmado para las elecciones catalanas de 2021. El grupo recibe 820.955,12 euros por sus 8 diputados. Pero también se especifica que Podem Catalunya "destinará de forma creciente recursos propios de la subvención del grupo parlamentario en la construcción del espacio político común": un 4% en 2022, un 8% en 2023 y un 12% en 2024.

Ambas partes admiten que el reparto económico se cumple, pero Podem se queja de que, pese a aumentar su aportación anual, siga sin avanzar la "construcción" del espacio común y no "conste legalmente" en la coalición En Comú Podem. En su día, el 29 de diciembre de 2020, la firmaron Candela López, coordinadora de Catalunya en Comú; Agnès Petit, de ese mismo partido, como presidenta de la alianza, y Alberto Rodríguez como representante de Podemos. Pero este último acabó fuera de los morados cuando se le retiró el escaño en el Congreso y fundó otro partido -Drago- que se coaligó con Sumar en las generales. "Estamos aportando recursos a En Comú Podem sin estar dentro", sostienen desde Podem.

En el caso de la coalición que se firmó para las municipales de mayo, el acuerdo recogía la renuncia explícita a competir electoralmente y a presentarse por separado y se especifica que, si una de las partes abandona el pacto, "perderá todos los derechos sobre las subvenciones y los ingresos que se puedan obtener y renuncia a los repartos que le puedan corresponder, así como a los recursos humanos que se hayan acordado en el ámbito municipal". También concreta que si un cargo electo dimite, debe ser sustituido por una persona del mismo partido.

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