El PP ya usó el argumento de la "reforma constitucional encubierta" contra el matrimonio gay y el TC lo rechazó

El PP ha llevado al límite su cruzada contra la ley de amnistía. Los populares han planteado esta semana un conflicto de competencias entre el Congreso y el Senado, algo nunca visto en 45 años de democracia, que, previsiblemente, deberá resolver el Tribunal Constitucional. En un escrito de seis páginas, los de Alberto Núñez Feijóo alegan que la amnistía es una "reforma constitucional encubierta" y que su impulso como proposición de ley usurpa competencias al Senado. Ese mismo argumento ya lo emplearon hace casi 20 años, cuando recurrieron la ley de matrimonio homosexual y el TC lo rechazó.

"Sánchez está acostumbrado a acudir a las trampas para salirse con la suya, pero no se lo vamos a permitir", aseveró el pasado miércoles la portavoz del PP, Alicia García, tras registrar el escrito en el que plantean el conflicto institucional. Aferrándose a un informe de los letrados de la Cámara, los conservadores exigen al Congreso la retirada de la amnistía porque al tramitarse como una proposición de ley orgánica y no de una reforma constitucional, "el Congreso de los Diputados ha impedido de hecho que el Senado tuviera la posibilidad de actuar según el procedimiento previsto en el Título X de la Constitución", el que recoge las reformas de la Carta Magna.

A continuación, apuntan que el procedimiento de reforma constitucional es "sustancialmente distinto" al procedimiento legislativo ordinario, tanto en las mayorías exigidas para su aprobación como al peso del Senado que, según sostiene, casi se iguala al del Congreso. Por ello, sostienen que "el Senado se ve conflictivamente mermado en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, al impedírsele la tramitación de esta iniciativa de acuerdo con el procedimiento que correspondería por razón de su materia: el de una reforma constitucional".

Hace dos décadas

No es la primera vez que el PP trata de tirar abajo leyes con las que no está de acuerdo usando este argumento. En 2005, los populares recurrieron la ley de matrimonio homosexual impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En su recurso, defendían que la norma desnaturalizaba la institución constitucional del matrimonio y alegaban que vulneraba siete artículos de la Constitución, entre ellos el que estipula cómo se debe reformar la Carta Magna.

"La reforma constitucional sería la única vía posible para introducir en el ordenamiento patrio el matrimonio entre personas del mismo sexo, de tal suerte que su introducción por ley ordinaria supone una infracción múltiple de la Constitución (...) dado que se opera una reforma constitucional sin observarse el cauce formal constitucionalmente establecido", sentenciaba el escrito. El mismo argumento que utilizan ahora para echar por tierra la amnistía.

La respuesta

En 2012, el Tribunal Constitucional rechazó de plano el recurso presentado por el PP y también el argumento de la reforma encubierta. Al examinar este punto, el TC aclaró que una ley puede ser constitucional o no, pero que "lo que no es posible es hablar de alteración de la Constitución en el sentido de modificación de su contenido normativo puesto que cualquier contradicción entre un enunciado legal y otro constitucional se salda con la declaración de inconstitucionalidad del primero". Es decir, dejó claro que si un texto es inconstitucional será derogado, pero en ningún caso modificaría la Constitución, por lo que el argumento era rechazado.

Además, el TC añadió que la ley de matrimonio homosexual no se presentó "como un intento de reformar la Constitución" por lo que la "invocada infracción" no precisaba un mayor análisis. Aun así, esta ha vuelto a ser la vía elegida por el PP. El próximo 2 de abril, los populares usarán su mayoría absoluta en el Senado para aprobar el conflicto con el Congreso y tras un mes en el que la Cámara Baja podrá pronunciarse, tendrán la potestad de elevar su queja al Tribunal Constitucional.

El TC, que tardará en pronunciarse entre tres y cinco meses, no estará en la constitucionalidad de la amnistía, sino que dará respuesta a la denuncia del PP sobre la vía escogida para tramitarla. Durante este tiempo, la medida de gracia seguirá su curso parlamentario y lo más seguro es que esté aprobada antes de que el Constitucional dicte sentencia.