Agentes de la Policía judicial, acompañados por un secretario judicial, acudieron ayer a la sede de la Autoridad Portuaria de Gijón para solicitar documentación para aportar al caso del supuesto fraude en la obra de ampliación de El Musel, que investiga el juzgado central de instrucción numero tres de la Audiencia Nacional. Los agentes permanecieron más de seis horas en la sede del Puerto durante la mañana y la tarde, según coincidieron diversas fuentes portuarias. Este registro en la sede de El Musel llega después de que la Autoridad Portuaria haya remitido en dos ocasiones documentación a requerimiento de la Audiencia Nacional.
Los funcionarios que ayer efectuaron este registro en la sede de El Musel llegaron al edificio de servicios múltiples del Puerto por la mañana, identificándose y preguntando por el despacho de la secretaria del Puerto. El ordenanza que les atendió les dijo que aguardaran mientras anunciaba su llegada. Los agentes le corrigieron señalándole que no tenía que anunciarles y solicitando que les abrieran el torno de seguridad que franquea el paso a las oficinas. El ordenanza los acompañó hasta la tercera planta del edificio de servicios múltiples de El Musel, donde tienen sus despachos los principales cargos portuarios, según explicaron trabajadores del puerto.
Los agentes fueron atendidos en esta visita durante la mayor parte del tiempo por la secretaria de la Autoridad Portuaria, Lucía López y por su antecesor en el cargo y actual director general de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Barettino, quienes fueron requiriendo a los distintos servicios la documentación que les solicitaban los agente. También se vieron, durante un breve espacio de tiempo con el presidente portuario, Laureano Lourido.
Sobre lo que vinieron a buscar hay divergencia en las versiones. Unas fuentes sostienen que se llevaron copias de seguridad de los servidores informáticos de la Autoridad Portuaria, además de documentación en papel. Otras fuentes portuarias aseguran, sin embargo, que la información que recabaron se limitó a la relativa a la programación de "A ver la Ballena", consistente en espectáculos callejeros patrocinados por la Autoridad Portuaria durante varios años en Gijón, pero pagados por la UTE Dique Torres, que fue la que ejecutó las obras de ampliación de El Musel. Dique Torres destinó cerca de un millón de euros a costear esas actuaciones musicales y teatrales en las calles de la ciudad. Las mismas fuentes señalan que los varios CDs que se llevaron los agentes eran copias con resúmenes de todas esas actuaciones lúdicas que Dique Torres costeó durante 8 años y que la documentación eran las facturas y copias de los contratos de los artistas, además de reseñas de esas actuaciones publicadas en los periódicos locales.
La visita de Anticorrupción y la Policía judicial a las oficinas del Puerto se produce después de que la Autoridad Portuaria haya enviado en dos ocasiones información a la Audiencia Nacional a requerimiento del juez. El magistrado tuvo que repetir la petición de documentación después de que la Autoridad Portuaria no le hubiera enviado la solicitada. El juzgado había pedido al Puerto esa documentación a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal solicitó al juez que pida que las funcionarias de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que emitieron un informe pericial sobre el expediente de contratación de la obra del superpuerto, lo amplíen. La fiscalía pretende que esas funcionarias den su parecer sobre si consideran que el expediente que la Autoridad Portuaria remitió a la Audiencia Nacional es el expediente íntegro de la obra de ampliación de El Musel o si el Puerto "ha elaborado un expediente ad hoc" para enviado al juzgado central.
