La crisis del coronavirus ha colocado a Gijón en la primera línea del liderazgo municipal nacional como miembro del grupo de las quince grandes ciudades de España. Un G-15 recién creado desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como interlocutor fuerte ante el Gobierno central en la defensa de las reivindicaciones que los ayuntamientos hacen de más recursos y competencias para encarar a pie de calle la gestión de la desescalada y la reconstrucción de sus territorios en lo social y económico tras la pandemia. Reivindicaciones que comparten regidores de todos los signos políticos y que ayer mantuvieron un encuentro telemático con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
La presencia de la alcaldesa, Ana González, en este foro extraordinario amplía el protagonismo que ya tenía Gijón como integrante de la directiva de la FEMP, que preside el carismático alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. Vigo y Gijón son, por población, las dos ultimas del listado de grandes urbes que encabeza Madrid y sigue con Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid. Todos unidos en esta lucha.
El G-15 se estrenó el martes con una cumbre telemática de alcaldes y ayer daba un paso más con el encuentro con Ábalos, para analizar la delicada situación que pasan las empresas de transporte público y pedir ayudas. Emtusa, en el caso de Gijón. El ministro aprovechó el videoencuentro para pedir que la desescalada sirva para "humanizar nuestras ciudad y que el peatón conquiste terreno al automóvil".
Están garantizados, aunque sin fecha, nuevos movimientos de este G-15, que tiene como punto de partida de su trabajo un documento con 19 medidas elaborado desde la FEMP hace unas semanas y presentado al Gobierno de Pedro Sánchez. Los ayuntamientos lo tienen claro. Quieren tener capacidad para tomar decisiones y recursos, tanto económicos como de personal, para ejecutarlos.
Por eso, en su reunión fundacional, los 15 munícipes pidieron que se les libere de las ataduras legales que les impiden gastar superávits y remanentes propios -Gijón podría por esta vía movilizar entre 19 millones si se autoriza el uso del superávit y 26 si es todo el remanente-, pero también un fondo de reconstrucción para las entidades locales en la misma línea del garantizado ya para las comunidades autónomas. No hay una cifra oficial sobre la mesa aunque los ediles vinculados al PP han planteado un fondo de 5.000 millones, al que se sumarían otro de 500 para salvar el transporte pública ante la caída de viajeros y un tercero de 300 para ayudas de alimentación.
También es conjunta la reivindicación de eliminar trabas impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se autorice a los ayuntamientos a afrontar gastos en áreas que no son competencia municipal, una reorientación hacia los municipios de fondos europeos, la eliminación de la tasa de reposición que impide a los ayuntamientos contratar personal y la capacidad de los ayuntamientos para definir el proceso de desescalada en cada ciudad.
El uso de los ahorros municipales es una reivindicación compartida por toda la Corporación gijonesa a la que se dio forma en una declaración institucional aprobada por unanimidad. Por su parte, González como Regidora ha reivindicado esas medias económicas por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También se ha comunicado con los ministerio de Derechos Sociales y Sanidad.
