Ni una palabra. El hombre de 32 años y vecino de una parroquia de Villaviciosa acusado de abusar sexualmente durante nueve años de la hija de su pareja, que ahora tiene 15 años, se acogió ayer a su derecho a no declarar ante la jueza al frente de instrucción, que decretó su puesta en libertad condicional, pero con medidas cautelares muy severas que le prohiben taxativamente entrar en el concejo de Gijón. La víctima, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, volvió a insistir en que este individuo comenzó a realizarle tocamientos desde que ella tenía cuatro años hasta que cumplió los 13 y se fue de casa con unos familiares para instalarse en Gijón, donde reside actualmente. La investigación sigue todavía abierta.
El detenido, que tampoco se pronunció en Comisaría, estuvo ayer asistido por la letrada Ana María González, del turno de oficio. Llegó a los calabozos del Palacio de Justicia a primera hora de la mañana, y allí permaneció, en lo que otros detenidos del día declaraban por lo suyo, hasta alrededor de las dos del mediodía, cuando fue interrogado por la magistrada Carolina Montero, al frente del Juzgado de Instrucción número 1, ayer en funciones de guardia. El procesado prefirió mantener su silencio y no responder a ninguna de las preguntas de las partes. Es por ello que el único relato por el momento es el de la menor, que ayer volvió a mantener la misma versión que ofreció el pasado miércoles a los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional.
En el Palacio de Justicia, a la espera de lo que resolviese la magistrada, se encontraba la niña, acompañada por dos familiares y la abogada Patricia Prendes, que la representará en este procedimiento. En el caso de la víctima se solicitó el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza para el detenido, acusado de un presunto delito de agresión sexual. Por su parte, el Ministerio Fiscal optó por no pedir cárcel para el acusado, pero sí unas medidas cautelares muy estrictas, que implican una orden de alejamiento que le impedirá acercarse a menos de 500 metros de la niña -ni a comunicarse con ella por ningún medio- y la prohibición de entrar en el concejo de Gijón. Cabe recordar que este individuo, natural de un país caribeño pero afincado en la región desde hace varios años, vive en una parroquia de Villaviciosa colindante con Gijón.
La magistrada optó por la petición formulada por la fiscal, y decretó la orden de alejamiento solicitada así como cercar Gijón para garantizar la seguridad de la niña en lo que avanza la instrucción judicial, que llevará varios meses. Quedan ahora por delante varias diligencias, entre otras un informe del equipo psicosocial del Juzgado, clave en este tipo de asuntos de agresiones sexuales a menores. En la espera, antes de la decisión de la magistrada, se acercó una mujer por el Palacio de Justicia que dijo ser la madre del acusado. "Mi hijo es inocente y Dios lo sabe. Su abogado es Dios", apuntó. No obstante, esta mujer dijo que llevaba varios años sin ver a su supuesto hijo, pero no esperó a saber si quedaba o no en libertad.
En lo relativo al caso, una vez se dio traslado a las partes del auto de libertad, el investigado abandonó los calabozos del Palacio de Justicia pasadas las cinco de la tarde. Lo hizo tapándose el rostro y sin que nadie le estuviese esperando a la puerta. De hecho, agarró un taxi y abandonó la ciudad, tal y como marcan las medidas cautelares impuestas, que tienen vigencia inmediata.
La menor, que se fue del Palacio de Justicia arropada por dos familiares, tuvo que volver a pasar por la experiencia de declarar y relatar los hechos que denunció el pasado miércoles y que supuestamente sufrió desde que era una niña. Tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, la joven asegura que ya con cuatro años comenzaron los primeros tocamientos de este hombre, pareja sentimental de la madre de la pequeña. Esos tocamientos, cuando ella apenas tenía edad para entender lo que estaba ocurriendo, fueron ganando en intensidad hasta llegar a consumar la agresión sexual. Estos traumáticos hechos, y siempre según la versión de la menor, se prolongaron hasta que cumplió los 13 años. Fue en ese momento en el que decidió abandonar el domicilio en el que vivía e instalarse en casa de unos familiares, que viven en Gijón. A ellos les contó por fin lo que estaba viviendo y la arroparon para denunciar los hechos que ahora se investigan judicialmente.
