El número de investigaciones abiertas en Gijón por delitos económicos, en especial los fraudes, ya sean físicos o de forma digital, “han crecido descontroladamente” en los últimos tiempos en la ciudad. De hecho, las estafas “se han duplicado con relación al año anterior”, cuando se superó el millar de denuncias, según los datos oficiales. “Y la tendencia, tras una falsa tranquilidad al restringirse la movilidad durante el confinamiento, es a que aumenten más”, advierte Miguel Ángel Gil, jefe de la unidad de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Policía Nacional en la comisaría de El Natahoyo, donde lleva más de dos décadas. El principal problema al que se enfrentan, en una época como las navidades en las que las compras se incrementan sobremanera, está en que las averiguaciones para resolver estos casos, sobre todo los que se realizan en internet, les llevan fuera de las fronteras españolas además de una legislación que se redactó antes de que los delitos se cometiesen con un solo “clic”.
Los peligros de internet.
La delincuencia en internet es la que más quebraderos de cabeza da al equipo por lo “largas y tediosas” que son las investigaciones. Eso sí, recuerda que casi el cien por cien de los fraudes digitales llegan por la negligencia cometida por el ciudadano a la hora de realizar algún movimiento económico. “Nuestra interacción en un momento dado lleva a los delincuentes a conseguir acceder a nuestra banca online”, expone Miguel Ángel Gil. ¿Dónde puede estar ese problema? Por ejemplo, “al realizar una transacción fuera de los causas establecidos por la aplicación o que nos creamos historias rocambolescas y enviemos dinero a desconocidos que no son quienes dicen ser”.
Los agentes, de los más experimentados del país, coinciden en que es “crucial” tomarse en serio el hacer un buen uso de la Tecnología de la Información”, puesto que “la denuncia policial no tiene la eficacia que tenía hace una década”.
Los hackers se reinventan ante un mayor público.
“Existen y existirán”. Esta es la realidad que percibe Miguel Ángel Gil ante quienes se mueven siempre por una triple motivación: “económica, sexual y venganza”. “No hay más”, afirma. En la red “han visto ampliado el abanico de posibilidades, no solo con la proliferación de nuevas aplicaciones, sino también porque los usuarios de internet han crecido exponencialmente, incluidos los menores, que desde una edad temprana hacen uso ya de los smartphones”, asegura el agente. Internet es para ellos una herramienta con un “potencial incalculable para defraudar, sin barreras y sin trabas”.
Legislación obsoleta.
Mientras los delincuentes se actualizan, casi con la misma rapidez que las propias herramientas digitales, la legislación española está anticuada, “unas reglas del juego” que hacen “muy complicado” combatir estos delitos. “Las normas penales y procesales fueron pensadas para una delincuencia tradicional, sin que en aquel momento existiese internet”, lamenta.
El problema es aún mayor cuando cada día constatan que los delitos de los que son víctimas los gijoneses “tienen origen o estarían implicados personas de diferentes países, en los que existen máquinas y servidores que dan distintos servicios, cada uno de ellos con sus respectivos ordenamientos jurídicos”.
Trabajo coordinado con Interpol y Europol.
La mejor defensa a los delitos económicos por internet está en “los mecanismos de cooperación internacional” que permiten “recabar en ocasiones información de otras policías”. Ese trabajo colaborativo se hace extensible, explica Miguel Ángel Gil, a multinacionales o prestadoras de servicios en internet que tienen protocolos de colaboración con policías de todo el mundo”. Y todo ello, “a pesar de que al estar radicadas en otros países, no tienen obligación de ello”.
Pese a estas dificultades, asegura, “es seguro comprar por internet”. “Es obvio que nos pueden defraudar, pero si hacemos una pequeñísima ‘investigación’ previa antes de lanzarnos a hacer clic y clic cuando vemos algo que nos gusta a un precio increíble, podremos evitar sorpresas”, explica.
La desaparición de las clonaciones de tarjeta y los pagos con el móvil o reloj.
Uno de los temores de la ciudadanía, como es la clonación de sus tarjetas de crédito o dispositivos en cajeros automáticos “prácticamente han desaparecido”, asegura Miguel Ángel Gil. “Este es un claro ejemplo de cómo internet ha hecho que las defraudaciones en el mundo físico vean más fácil que se pueda usar una tarjeta en un comercio electrónico de cualquier parte del mundo, conociendo únicamente la numeración de una tarjeta, fecha de caducidad y el CVV”, expone el jefe de unidad. Por tanto, “el origen de la mayoría de los usos de las tarjetas, por no decir la totalidad, es siempre el que hacen las organizaciones criminales que controlan este tipo de informaciones (numeración, fecha de caducidad y CVV) y que permiten el uso de las tarjetas sin estar en posesión de las mismas”, advierte. Se trata de una dinámica “mucho más fácil y exenta de interacción física de los autores, que tendrían que copiar la información existente en los chips o bandas magnéticas con diferentes fórmulas que antes se utilizaban”.
En el caso de sufrir un cargo fraudulento, sostiene, “con toda seguridad han sido por internet”. “Ahora se puede retirar dinero sin tarjeta física, enviando dinero a través de nuestras bancas virtuales a cajeros, con un código numérico que una vez conocido por cualquier persona, puede hacer uso del mismo y retirar dinero con cargo a nuestra cuenta”, recuerda.
Del mismo modo que ocurre con las tarjetas, “usar el smartphone o el reloj inteligente para pagar, no deja de ser lo mismo que si usamos la tarjeta física en cualquier comercio”. “No es ni más ni menos seguro que la tarjeta, lo que buscan estas herramientas es facilitarnos la forma en la que pagamos”, defiende.
Casos “esporádicos” de pornografía infantil.
Otra de las ramas que investigan desde la unidad son los delitos relacionados con la pornografía infantil, que “afortunadamente son muy esporádicos”. Las gestiones que se llevan a cabo en Gijón son “parte de investigaciones globales que inicia la Unidad Central de Ciberdelincuencia en Madrid”.
