La pandemia sanitaria ha dejado una huella profunda entre los más vulnerables de la ciudad. Una rápida radiografía del sector de servicios sociales tras la aparición del coronavirus: crecen las ayudas a la dependencia, así como los problemas de vivienda y la atención a las adicciones. El número de beneficiarios del servicio social ha bajado, pero solo por la entrada en vigor del ingreso mínimo vital.
Las cifras están ya publicadas, aunque, reconocen fuentes del Principado, aún no se ha realizado un análisis en profundidad de lo ocurrido en los últimos dos años. Según los últimos datos –con fecha del 31 de diciembre de 2021–, el número de prestaciones a la dependencia se ha incrementado en un 11 por ciento: de 5.889 a 6.691 desde el inicio de la crisis hasta el final del año pasado. Del total, más de 4.000 beneficiarias son mujeres.
El número de usuarios que recibieron ayuda para la atención residencial –principalmente para ingresos permanentes en residencias de personas mayores– aumentó, pese a los brotes del covid-19: de 703 a 803 personas. La ayuda que más se solicitó en caso de dependencia durante el covid, en porcentaje, fue el apoyo a los familiares cuidadores: un 31 por ciento de las prestaciones concedidas.
Atención especial a los datos que se reflejan sobre vivienda. En este caso, solo datos del Gobierno regional –Gijón cuenta con una Empresa Pública de Vivienda (Emvisa), cuyo balance no se recoge en esta información–. En el año del estallido de la crisis del covid-19, no hubo convocatorias generales para la adjudicación de pisos de alquiler. Se concedieron, no obstante, quince viviendas en este régimen. Estaban pendientes de convocatorias previas. Ante la paralización de los desahucios, cayó el número de viviendas de emergencia –de 54 a 43, en números absolutos– y los pisos de urgencia en Gijón ofrecidos por el Principado se mantuvieron estables (seis viviendas).
Los “sin techo” han sufrido la pandemia con desazón. Una encuesta realizada por el albergue Covadonga y la Fundación Albéniz –dentro de un estudio nacional que coordinó la Universidad Complutense de Madrid–, ha reflejado que sufrieron más ansiedad, más depresión y, en algunos casos, terminaron con un diagnóstico de salud mental o con el agravamiento de un diagnóstico previo.
También se agravaron los casos de adicción, apuntan desde Proyecto Hombre. El presidente de la reconocida entidad en la lucha contra la drogadicción, Julio Jonte, explicó que “en la mayoría de los casos, los ingresos o atenciones que surgieron tras el confinamiento domiciliario por la crisis del covid-19 estaban relacionados con un problema de adicción previo que se agravó o salió a la luz durante las restricciones más duras”. También se ha incrementado la ayuda a familiares que, en algunos casos, fueron conscientes de la gravedad de la situación por la convivencia continua con la persona afectada.
Y no de los cambios más controvertidos en la atención de personas vulnerables durante la crisis del covid-19: la implantación del ingreso mínimo vital. Esta ayuda, que busca llegar a personas que no podían acceder a otros apoyos económicos –en el caso de Asturias, el salario social básico–, ha desahogado las arcas regionales: actualmente, en Gijón (datos de febrero de 2022), perciben el salario social básico cerca de 2.000 personas (unidades familiares). Son un 10 por ciento menos que hace un año, pero la medida no termina de contentar a nadie. Ni a beneficiarios, que la ven escasa, ni a responsables de entidades del tercer sector. Una de las primeras en llamar la atención sobre la ayuda ha sido la Fundación Mar de Niebla: “No es suficiente, los que la reciben sobreviven a duras penas”, apunta el director de la entidad, Héctor Colunga. Un ejemplo visto en la entidad: una mujer sola, con ingresos de 461 euros y una factura de electricidad de 150 euros. Concluyen con una pregunta: “¿Cómo pasará el mes esta persona?”.
