Dos clásicos de la confrontación política de los últimos tiempos –el Muro y el plan de vías– protagonizaron el Pleno extraordinario con el que ayer se retomaban los asuntos pendientes de la sesión de abril, recortada por el “hackeo” a la red municipal. Ambos debates solo sirvieron para sumar reproches de la oposición al gobierno local y del gobierno local a la oposición.
La batalla empezó por el Muro. Ni la oposición consiguió convencer a la alcaldesa, Ana González, para que frenara el proceso judicial sobre el “cascayu” asumiendo ya la sentencia del contencioso-administrativo favorable a StopMuro que fija dar marcha atrás a esa peatonalización y recuperar el doble sentido del tráfico en el Muro. Ni consiguió sumar los votos necesarios para que, por su vinculación con esa obra, salieran reprobados del salón de plenos los ediles de Movilidad, Aurelio Martín (IU), y Obras Públicas, Olmo Ron (PSOE). Lo primero era el objetivo de la comparecencia de la Alcaldesa solicitada por Foro y lo segundo una propuesta del PP que frenaron los noes de los tres partidos de la izquierda frente al apoyo del resto de los grupos.
Tanto González como Martín y Ron defendieron la excepcionalidad de una obra que fue decidida y ejecutada durante la pandemia para cumplir con el mandato sanitario de garantizar distancia social. Y la idoneidad, en base a las recomendaciones de la asesoría jurídica municipal, de mantener la batalla judicial en defensa de la legalidad de la obra del “cascayu” con un recurso contra la sentencia y alegaciones contra su ejecución, como se ha hecho.
Pero la Alcaldesa fue más allá convirtiendo su comparecencia en un ataque frontal contra Foro a partir del recuento de sentencias judiciales perdidas en los años de gobierno de Carmen Moriyón. González contabilizó 87 sentencias firmes perdidas de 396 procedimientos en 2017 y otras 80 de 335 “que pudimos encontrar en 2018”. Al dato cuantitativo sumó la Regidora socialista una reflexión cualitativa al describir que parte de esas sentencias “supusieron cinco millones perdidos en planes de empleo, otros 621.000 en una indemnización del hotel la Llorea y hubo dos por vulneración de los derechos fundamentales de los concejales de la oposición al suspender un pleno que luego tuvo que celebrarse por orden judicial”.
“No entiendo porque cuando les pasa a ustedes no pasa nada y si le ocurre a este gobierno tenga que pasar algo y con fanfarria. Si perdemos no deberían estar preocupado, según su criterio no pasa nada”, dijo González, que incluyó en su lista judicial de ataques a Foro la decisión del Tribunal de Cuentas de llevar a juicio a Carmen Moriyón por el posible uso para el pago de asesores legales de un dinero de los fondos de su grupo municipal en el anterior mandato.
“Ustedes han fiado su futuro al del cascayu y les va a salir caro. Su tozudez les ha impedido rectificar”, concretó el líder de Foro, Jesús Martínez Salvador, para quien la reforma integral del Muro que ahora se impulsa es una forma de ganar tiempo para que cuando el proceso judicial del “cascayu” termine ya esté ejecutado y “se quede en una simple victoria moral”.
También hubo doble ración de plan de vías. Que el gobierno de PSOE e IU hagan una revisión completa de los usos del suelo del plan, incluido el “solarón”, para que la ampliación de zonas verdes y espacios públicos prime sobre las edificios era el reto de una proposición presentada de manera conjunta por Ciudadanos, Foro, Vox y el concejal no adscrito, prologada por la asociación Un pulmón pal solarón y que salió adelante sumando también los votos de Podemos-Equo. El PP se abstuvo.
“El gobierno ya presentó una modificación que rebaja alturas y suma zonas verdes pero nos resulta insuficiente ”, resaltó el edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, al defender la iniciativa. “Nos hemos unido con el objetivo de que, con carácter inmediato, no se construya allí”, remató el forista Jesús Martínez Salvador. La oposición municipal entiende que el plan Junquera está completamente desfasado y que los cambios sobre el plan de vías ya no hacen imprescindibles los ingresos por plusvalías que la operación residencial daba para pagar la estación. En lo primero, el gobierno esta de acuerdo; en lo segundo no tanto.
“Sí se necesita vender en el solarón pero eso no significa que vayamos a empedrar el solarón. Será igual que lo que queremos para el resto de Gijón, con un 75% del espacio para zonas verdes”, explicó la Alcaldesa al contestar, en otro momento del Pleno, a una cuestión de Podemos sobre la financiación del plan de vías. A la oposición municipal el recién firmado protocolo que no fija cuantías le genera más críticas que alegrías. Y así se lo hicieron saber al gobierno. “No se han fijado cantidades porque no hay proyecto de obra y no podemos hacer una revisión de precios sobre el aire, eso nos lo dará el proyecto constructivo”, destacó Ana González al tiempo que resaltaba la importancia del informe socioeconómico que el protocolo encarga a Gijón al Norte a la hora de ir a pedir dinero a los bancos. “Tenemos que tener documentación para ir por el dinero. ¿Y el compromiso? El de siempre: 50% el Estado, 25% el Principado y 25% el Ayuntamiento, de acuerdo con lo que le toca a cada uno”, explicó.
“No se comprometerá la seguridad en la Comisaría”, dice Pineda (PSOE)
El equipo de gobierno no utilizará, por ahora, la quinta planta de la nueva Comisaría para albergar 32 puestos de otros servicios municipales, pero sí se mantiene firme en su posición de dar otros usos a espacios de otras plantas que quedan infrautilizados en el diseño inicial del equipamiento. Uno de esos servicios es el de prevención de riesgos laborales.
Así de claro lo dejó la edil de Hacienda y Organización Municipal, Marina Pineda, pese al rechazo de parte de los agentes –ejemplificado por una sonora protesta en la plaza Mayor y la intervención de José Manuel Queipo, de USIPA, en el Pleno– y a la iniciativa plenaria que en ese sentido propició Foro – “porque no podemos permitir un edificio vulnerable”, sentenció Jesús Martínez Salvador– y que no salió adelante por el “no” del PSOE y las abstenciones de Ciudadanos y Podemos.
La crítica compartida de Foro, Vox, PP, el concejal no adscrito y la representación sindical es que el uso mixto de ese edificio genera problemas de seguridad, más graves aún al estar en un nivel 4 de alerta antiterrorista. “No vamos a comprometer la seguridad de la Policía Local”, explicó Pineda, pero recordó que el proyecto forista “incluye un museo, un vestíbulo con capacidad para 120 personas pensado para la fiesta de la Policía Local, que es un día al año, y cientos de metros cuadrados vacíos. Ese no es ejemplo de la buena administración de un edificio público”. El coste del inmueble, sumado su acondicionamiento, ronda los once millones de euros.
Tanto PSOE como Ciudadanos coincidieron en reprochar a Foro que no se hubiera planteado desde un primer momento un edificio más amplio pero que pudiera albergar a todo el personal del área de seguridad ciudadana, incluyendo a los bomberos.
Reproche a Pedro Sánchez desde la izquierda por “traicionar” al Sahara
El Pleno de Gijón le dio ayer un tirón de orejas a Pedro Sánchez por el cambio de la política española con respecto al Sahara y lo hizo de la mano de los socios del presidente socialista en el gobierno de España, Podemos e IU, que eran los firmantes de la iniciativa plenaria. Aunque la ausencia de Aurelio Martín por un problema de salud, que le obligó a abandonar el Pleno poco después de su inicio, hizo que su no voto se contabilizará como una abstención. Igualándolo al sentido del voto emitido por PSOE y Vox.
Sí apoyaron que el Pleno de Gijón se posicionase a favor del referéndum de autodeterminación y en contra de una autonomía para el Sahara bajo soberanía de Marruecos, además de los proponentes, los ediles de PP, Foro y Ciudadanos. “Le dejamos las manos libres a Marruecos para que siga pisando al pueblo saharaui a cambio de no se sabe qué. Marruecos sigue considerando Ceuta y Melilla ciudades ocupadas, hace prospecciones petroleras en Canarias, está detrás del espionaje de Pegasus y nos enemistó con Argelia en plena crisis del gas”, enumeró Juan Chaves, de Podemos, como proponente del acuerdo.
Antes que los políticos había hablado José Ignacio Algueró de la Asociación asturiana de solidaridad con el pueblo saharaui para defender la “justa causa” del pueblo saharaui y denunciar “la vergonzosa decisión de traicionarlo entregándolo a su opresor”. Algueró se preguntó en voz alta si “nos atreveremos a decirles a los niños que vengan con Vacaciones en paz que ahora los consideramos súbditos del rey de Marruecos”.
“Será lo antes posible”: la promesa de Patón a los barrios degradados
“No puedo decirle si la licitación será en mayo o a principios de junio, porque lo primero que tengo que saber es cuando podré entrar en los expedientes y usar el correo electrónico, pero es una prioridad para este gobierno y se hará lo antes posible”. Esa fue la contestación de la edil de Urbanismo, Dolores Patón, al edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, sobre la previsión de licitación de las obras en los barrios degradados, retrasada en el último momento por el “hackeo” que sufre el Ayuntamiento. Por otro lado, el Pleno aprobó ayer promover la regulación de las criptomonedas y programas de prevención de adicciones relacionadas con ellas, como planteó Podemos, e impulsar, aunque no con una oficina concreta como pedía el PP, la captación de inversiones para la ciudad.
El pago medio de la plusvalía son 1.200 euros, 800 en las herencias
Un mes hay para alegar al nuevo diseño de la plusvalía, al que ayer dio el visto bueno el Pleno con los apoyos del PSOE, IU y Podemos, tras lograr incorporar enmiendas que minimizan el impacto en las propiedades de más de veinte años y bonificaciones en las transmisiones de pequeños negocios familiares. El resto de los partidos votaron en contra denunciando la voracidad recaudatoria del gobierno con este impuesto. “La plusvalía no es un tributo a pagar cada año, es una o dos veces en la vida y la media en Gijón son 1.200 euros, 800 en herencias que son el 80% de los casos”, explicó la edil de Hacienda, Marina Pineda. La votación de la plusvalía fue el punto único de uno de los dos plenos de la jornada.
