El administrador concursal ve alzamiento de bienes en Cogitrans

Pide concurso culpable y responsabilidades para los nuevos y anteriores dueños de la sociedad

M. C.

El administrador concursal de la compañía gijonesa Cogitrans Plataforma Logística ha solicitado al juez de lo mercantil de Gijón que declare como culpable el concurso de acreedores y que se exijan resposabilidades al anterior administrador de la sociedad, a los dos administradores solidarios del grupo vasco que la adquirió y a cuatro sociedades pertenecientes al mismo, incluyendo la compañía que se hico con los activos de Cogitrans como unidad productiva, manteniendo a toda la plantilla de la empresa que quebró en abril del año pasado.

Representantes del anterior administrador de la sociedad y el actual gerente de la compañía prefirieron ayer no dar por el momento su versión sobre unas consideraciones que en todo caso tendrán que someterse a la valoración judicial, que es donde se dilucidará si están fundadas o no las sospechas de alzamiento de bienes. Por el momento, no pasan de ser consideraciones de una parte, reflejadas en el último informe remitido al juzgado por el administrador concursal.

En el informe, el administrador concursal señala que la empresa no le ocultó datos. También habla de que trabajos efectuados por Cogitrans pudieran haber sido facturados por otras compañías. Además, en el documento, se alude a una disminución de la facturación a partir de mayo de 2023, especialmente acusada en julio "que no parece concordar con las horas activas que reflejan los tacógrafos de los vehículos, con las subcontrataciones de servicios a otras empresas ni con el aumento del alquiler de cabezas tractoras", al mismo tiempo que observa un incremento "desproporcionado" de los gastos de Cogitrans previos a la venta de la unidad productiva de la empresa.

En el informe también se indica que el administrador concursal mantuvo una reunión con la anterior y actual propiedad de la empresa advirtiéndoles de que consideraba que podría haberse producido un alzamiento de bienes que cuantifica en 173.841,22 euros, dándoles un plazo para "devolver" esa cantidad o justificar que esa sospecha no está fundada.