La crítica situación que padece el sector lácteo europeo, de manera especial el español y asturiano, se basa en la bajada de precios en origen propiciada por la liberalización del mercado lácteo y la subida de los costes de las materias primas, todo ello aderezado por la caída de la demanda en China y el veto ruso a las importaciones de la UE. La tormenta perfecta para hundir al sector en una profunda depresión estalló la pasada primavera, pero comenzó a gestarse hace más de diez años en Bruselas.
Los ganaderos han salido, una vez más, a las calles para reclamar precios justos. La Comisión Europea ofrece 500 millones de euros a todos los estados miembros para compensar la pérdida de renta de los ganaderos, y en España, la Interprofesional Láctea (Inlac), la distribución y el Ministerio de Agricultura tratan de alcanzar un pacto de estabilidad, en el que los supermercados se comprometan a publicar los precios a los que pagan la leche.
La transparencia prima en un documento en el que, sin embargo, no hay ni rastro de precios mínimos, una reivindicación que pierde fuelle, por la imposibilidad de llevarla a la práctica con las leyes europeas en la mano. Ramón Artime, presidente de Inlac y de Asaja en Asturias, y responsable del sector lácteo del sindicato, defiende la posibilidad de alcanzar un acuerdo histórico, nunca logrado hasta ahora en España, rechazado por las organizaciones UPA y COAG, que insisten en pedir más medidas de protección para los ganaderos. "Si se cumple, éste es el acuerdo del siglo, porque vamos a saber quién es el que se esta quedando con el valor añadido del producto. Ahora sabemos que hay compradores que emplean subastas a la baja como método de compra. Si conseguimos frenar esas prácticas habremos avanzado años luz", indica Artime.
En su opinión, podría conseguirse un reparto equitativo del beneficio en la cadena de valor. "El reparto del valor es clave. Cuando el precio final baja, todo ese valor se desplaza hacia atrás y quien pierde es el ganadero, eso es lo que queremos frenar con este acuerdo, indica el presidente de Inlac. El documento también hace hincapié en la necesidad de establecer medidas para impedir el uso de la leche como producto reclamo, y realizar contratos a largo plazo para facilitar un marco estable de relaciones. La Inlac, en la que se sientan industrias y sindicatos, y cuya creación, a imitación de la veterana organización francesa, fue fruto de larguísimas negociaciones, tiene previsto constituir un comité consultivo con las asociaciones de la gran distribución, a fin de analizar la cadena de valor y el impacto de la aplicación de los contratos sobre la planificación de las producciones.
Mientras las cosas se aclaran, en Asturias quedan 2.200 ganaderos que ordeñan poco más de 500.000 toneladas anuales, una cantidad que no llega ni al diez por ciento de la producción española total, estimada en seis millones de toneladas, tomando como base la última campaña de cuotas lecheras, finiquitada el pasado 31 de marzo.
La muerte de los cupos no ha sido precisamente una sorpresa para el sector. En 2007 la Comisión Europea confirmó que el sistema de cuotas que regulaba la producción lechera desde los años ochenta se terminaría en marzo de 2015, dentro de la propuesta de aquel momento para reformar la Política Agrícola Común (PAC).
Bruselas se comprometió entonces a estudiar medidas para lograr una transición "suave", el célebre aterrizaje suave, hacia la liberalización de la producción de leche de la UE. Cuando la PAC se reformó en 2003 la UE ya tomó la decisión de que 2015 marcaría el final de las cuotas y que anticipar su supresión causaría "graves problemas" al sector ya que adelantar su desaparición afectaría a productores que se gastaron mucho dinero en adquirir derechos de producción.
La entonces comisaria europea de Agricultura, la danesa Mariann Fischer Boel, explicaba entonces que el paso del sistema actual no podía producirse de un día para otro. Ella acuñó el término de "aterrizaje suave", al que hoy los ganaderos asturianos se refieren con ironía. La misma Fischer prometía en 2009, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, que la decisión original de suprimir las cuotas iba unida a ayudas de cinco billones de euros para compensar a los ganaderos por todos los cambios y por las bajadas de precios que se preveían. Las ayudas llegaron como complemento a la renta de los ganaderos, pero, al menos en Asturias, no han servido para frenar el goteo de cierres y asegurar la supervivencia de los que quedan, como reconocen los responsables sindicales. La brecha entre la oferta y la demanda no es exclusiva de España. En el resto de Europa los precios siguen cayendo.
