Rocío Pérez, de La Palma del Condado (Huelva), tiene lipodistrofia, una enfermedad rara que impide la acumulación de grasa bajo la piel. También genera problemas metabólicos, que pueden acabar en diabetes e incluso en muerte en los casos graves. «Todo lo que recuerdo de mi vida es con lipodistrofia. Mi cuerpo está en lucha diaria contra unas condiciones no adecuadas para la vida». Así describe Rocío Pérez su situación. La buena noticia es que existe un medicamento: la metreleptina. La mala es que ese tratamiento cuesta un promedio de 250.000 euros al año, según estimaciones de AELIP, la asociación de afectados.
Una decena de pacientes en España han accedido a esa terapia durante un ensayo clínico, explica David Araujo, del Hospital Clínico Universitario de Santiago, experto de referencia sobre lipodistrofia en España. Pero el Ministerio de Sanidad ha cerrado el grifo: no va a pagar para ningún paciente más.
Por este motivo, el doctor que había solicitado la metreleptina para Pérez en febrero de 2020 recibió una negativa por respuesta. «Llevo cuatro años inyectándome insulina y 10 con una dieta estricta. Cuando se dispare el metabolismo de las grasas tendré un problema. Comprar el medicamento por mi cuenta es implanteable», lamenta la paciente.
La Agencia Europea del Medicamento (AEM) aprobó el fármaco en 2012 y los estados empezaron a negociar el precio con la farmacéutica productora. En septiembre de 2020, la comisión de precios de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) rechazó su comercialización generalizada en España, argumentando «incertidumbre respecto a su beneficio clínico» y «enorme impacto económico».
Nora Navarro
(Atrofia muscular espinal)
A los 2 años, el pediatra de Nora Navarro le dijo a sus padres que algo fallaba en sus músculos. Al cabo de 6 meses y muchas pruebas, descubrieron que tenía atrofia muscular espinal (AME). Esta enfermedad rara afecta gravemente a la movilidad. «Nora se desplaza en silla de ruedas para ir al colegio y camina con andador en el patio», explica su madre, Silvia Ruiz. En 2018, se abrió una esperanza, cuando la niña accedió a Spinraza, el medicamento más eficaz en el mercado español, que cuesta entre 200.000 y 400.000 euros al año. Pero al cabo de dos años, en 2020, Nora no superó la revisión prevista y le quitaron el medicamento. Para proseguir, se necesita cumplir con unos baremos de mejora que los expertos consideran desfasados. Nora ha accedido al ensayo clínico de otro fármaco y, gracias a otras terapias, se mantiene estable. «Pero quién sabe qué pasaría si hubiera seguido con Spinraza», se pregunta su madre.
«Quedé sorprendido -dice Araujo-. No entro en el asunto del precio, que es cuestión de presupuestos. Me molestó que el argumento fuese la falta de eficacia». De los potenciales usuarios en España -una veintena según el médico-, una mitad recibe el fármaco, y la otra, no.
La metreleptina es un medicamento huérfano. La AEM concede esta designación a fármacos para enfermedades raras (huérfanas) que no representan un buen negocio para las farmacéuticas. En 2000, la UE aprobó una regulación para superar este problema: establece que la designación garantiza al productor la autorización exclusiva de comercializar el fármaco durante 10 años, entre otras ventajas. Tras esta regulación, un número sin precedentes de medicamentos huérfanos ha llegado al mercado. En 2019, la AEM contaba 174 autorizados.
Sin embargo, algo falla. España financia solo el 40% de los huérfanos con autorización comercial de la AEM, según datos de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos (AELMHU). En los últimos años, los precios de los medicamentos huérfanos han alcanzado cotas fenomenales. Ante esta escalada, corre la preocupación entre médicos y pacientes de que los estados empiecen a cerrar la bolsa. “El Periódico de Cataluña”, del mismo grupo que LA NUEVA ESPAÑA, ha investigado esta cuestión con el apoyo de la beca Investigative Journalism For Europe.
En teoría, los fármacos huérfanos tienen difícil rentabilidad. Pero los datos apuntan a otro escenario. En los últimos 20 años, sus ventas globales se han quintuplicado, superando los 700.000 millones de euros, según datos publicados en el British Medical Journal. Los 20 más caros generaron ingresos de más de mil millones solo en 2019. La consultora Evaluate Pharma prevé beneficios crecientes.
Este volumen de negocio no siempre está justificado. Un ejemplo de ello es el caso del AQDC (ácido quenodesoxicólico), un fármaco contra la xantomatosis fibrotendinosa (XFT), una enfermedad que afecta al movimiento y al cerebro, llevando incluso a demencias.
Hace dos semanas, la autoridad de la competencia holandesa (ACM) impuso una multa de 20 millones de euros a su productor, la farmacéutica Leadiant, por incrementar exageradamente su precio. La farmacéutica está demandada por la misma causa en España, Bélgica e Italia.
Rocío Pérez
(Lipidistrofia)
«Tengo 37 años y dos hijos y me pregunto qué pasará si mañana me hace falta y no la tengo». Así se refiere Rocío Pérez, de La Palma del Condado (Huelva) a la metreleptina, un medicamento contra la lipodistrofia. Debido a esta enfermedad rara, Pérez empezó a perder grasa a partir de los 3 años. Desarrolló un hambre voraz, manchas negras en el cuerpo y un bulto en el cuello. «La adolescencia fue durísima», recuerda. Con 28 años, David Araujo del Hospital Clínico Universitario de Santiago le dio un diagnóstico. El año pasado un médico solicitó para ella la metraleptina, pero la respuesta fue que el sistema sanitario español no la cubre. El fármaco cuesta más de 150.000 euros al año. Pérez tiene bajo control su metabolismo con insulina y dieta, pero vive con la angustia de que sus condiciones se salgan de control.
El AQDC se usó desde los años 70 para disolver cálculos biliares. Mientras tanto, se descubrió que también mejoraba la XFT. En 2008, Leadiant lo compró de otra empresa. En 2014 consiguió la designación de medicamento huérfano y en 2017, el permiso de comercialización y la exclusividad durante una década. En esos años, el precio se multiplicó por mil. Una cápsula de AQDC valía 0,145 euros en 2008, frente al precio actual de 146,18 euros, según la OCU. La Seguridad Social está pagando más de 150.000 euros al año por paciente.
Según la ACM, Leadiant no aportó ninguna innovación que justifique el alza. Los estudios que presentó para conseguir la designación recopilan datos de 63 pacientes, generados en ensayos anteriores. Leadiant pudo pagar por esos datos a los responsables de los ensayos unos 600.000 euros, según estimación de Altroconsumo, asociación de consumidores italiana.
¿Cómo se justifica un precio «exorbitantemente alto e injusto» en palabras de la ACM? «Se hace un chantaje: con la distribución exclusiva, tienen la sartén por el mango», resume Myriam Vivar, de la OCU.
«Decir que Leadiant ha incrementado significativamente los precios de AQDC es una representación falsa de los hechos», escribió un portavoz de la compañía. La empresa «no pagó por los datos», sino que llevó a cabo un ensayo clínico retrospectivo e «hizo una inversión significativa en el programa de desarrollo clínico» del fármaco. Leadiant planifica recurrir la decisión de la ACM.
En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) empezó una investigación sobre Leadiant en diciembre de 2020. «Consideramos que el laboratorio se ha aprovechado de un hueco en la normativa actual», afirma Vivar.
De hecho, la normativa estará llena de huecos, según un estudio encargado por la Comisión Europea a la consultora Technopolis y publicado en 2020. Por ejemplo, según Technopolis, el 23% de los fármacos designados en 2018 en Europa no eran ingredientes activos nuevos, como en el caso de AQDC.
Además, algunas empresas consiguen alargar artificialmente los 10 años de exclusividad de mercado, acumulando diversas indicaciones por el mismo fármaco. Otro riesgo es la táctica del salami: apelar a la medicina personalizada para cortar una enfermedad común en subconjuntos pequeños, para que resulten como raros.
No todos los nuevos fármacos huérfanos han llegado al mercado gracias a los incentivos europeos. Según el informe de Technopolis, solo entre 18 y 24 de los 142 que estaban aprobados en 2017 habrían necesitado esas ayudas para llegar a la comercialización. Un estudio encargado por la asociación de empresas farmacéuticas EFPIA a la consultora Dolon sitúa este número en 74, que de todas formas representa solo un 55% del total analizado en el estudio.
Ante este cuadro, en mayo de 2021 la Comisión Europea puso a consulta pública una propuesta de reforma que pretende atajar las malas prácticas. Las intenciones reales de la comisión se verán en el primer trimestre de 2022, cuando se prevé la presentación de la nueva regulación. El reto es grande, porque según la federación europea de asociaciones de pacientes Eurordis, el 95% de las enfermedades huérfanas aún no tienen solución. También de la nueva regulación va a depender que los pacientes afectados tengan una esperanza.
