Langreo, L. M. D. / M. A.

El ya ex director general del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), Víctor González Marroquín, se incorporó ayer al departamento de la dirección general de minería de Hunosa, la empresa pública en la que espera prejubilarse. Este retiro anticipado otorgaría a Marroquín una indemnización de entre 230.000 y 250.000 euros, además de un sueldo mensual de más de 3.000 -la cuantía máxima de las prejubilaciones de Hunosa es de 3.200 netos en doce pagas-, en un período máximo de trece años, después del cual pasaría a la jubilación. Desde el PP se ha criticado la decisión de Marroquín, mientras que la plantilla de Venturo XXI, la empresa cartográfica en proceso de disolución, lo acusa de «huir» sin ser capaz de reflotar la compañía.

González Marroquín ha permanecido seis años al frente del IDEPA, instituto del que en 2009 percibió un sueldo de 107.000 euros, una cifra que la oposición reclamó conocer en varias ocasiones en la Junta General del Principado y que tuvo que acabar revelando al Parlamento pese a asegurar que «mi sueldo es público, pero no publicable». A mediados de mes presentó su dimisión como director general del IDEPA para reincorporarse a la empresa pública Hunosa, de la que tiene un permiso por excedencia, y pasar a la prejubilación. Esta prejubilación es voluntaria y supone el cobro de una indemnización, en su caso, de entre 230.000 y 250.000 euros. Todos los trabajadores prejubilados en la hullera tienen derecho a compensación, aunque su cuantía es muy variable y cambia en función del puesto -Marroquín es ingeniero de minas- y del tiempo de permanencia en la empresa, por lo que generalmente resulta muy inferior. El pasado lunes, 27 de diciembre, se formalizó su cese al frente del organismo público y ayer mismo se reincorporó a su antigua empresa.

El Partido Popular de Asturias describió ayer como «insultante» la indemnización que Víctor González Marroquín recibirá por prejubilarse. Los populares reprochan al también ex presidente de la SRP que «haya eludido sus responsabilidades» en la gestión de Venturo XXI, la empresa cartográfica del valle de La Güeria (San Martín del Rey Aurelio) que contribuyó a constituir y que, cinco años después, se encuentra en proceso de liquidación y con 67 trabajadores despedidos.

José Agustín Cuervas-Mons, diputado del PP en la Junta General, recordó que «nos encontramos en pleno debate para alargar la edad de jubilación a los 67. Él se va a ir a los 52, con una indemnización millonaria y, seguramente, con un gran sueldo. Además, sin ningún tipo de remordimiento por su mala gestión». Cuervas-Mons acusó a González Marroquín de ser el «responsable directo» del «fracaso de Venturo XXI, que ha dejado a casi 70 familias sin trabajo. Y eso que en las comparencias en la Junta aún tiene la desfachatez de decir que la gestión fue impecable». Desde el PP se advirtió al Gobierno regional de que la marcha de Marroquín del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) no impedirá que «se llegue hasta el fondo de lo ocurrido con la empresa Venturo XXI».

Cuervas-Mons recordó que «recientemente» se desveló que, gracias a un informe favorable del IDEPA, en julio de 2009 el Ministerio de Industria devolvió a los promotores de la cartográfica, los empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado, un aval de 962.000 euros. El dinero les fue devuelto por «cumplir con su compromiso de inversión y empleo» cuando, en esa fecha, la firma ya había llevado a cabo un expediente de regulación de empleo temporal y una reducción de capital para afrontar las pérdidas.

«Luego», añadió Cuervas-Mons, «tiene la desfachatez de decir que los inversores no se interesaron en rescatar Venturo XXI por culpa de la oposición y del "ruido" del caso en los medios de comunicación. Claro está, su gestión fue impecable y desde el consejo de administración no se sabía el estado en el que estaba la empresa». «Prejubilaciones como ésta», apuntó el diputado del PP, «no deberían permitirse».