José Llorca, presidente de Puertos del Estado -el ente central que cogobierna las principales dársenas españolas junto a las comunidades autónomas de cada plaza-, deslindó ayer la perfección técnica en la obra ampliatoria de El Musel de la tremenda marejada por la investigación judicial sobre su ampliación. Eso viene a significar, según Llorca, que no se han de derramar todas las lágrimas, ya que el logro final ha sido extraordinario, al margen de que la justicia esté sacando a la luz importantes irregularidades. Así pues -deducimos-, tal vez habría que compensar lo uno con lo otro, o sea, que los partos de grandes piezas siempre pueden provocar desgarros y hemorragias. Pero este mensaje no nos sosiega demasiado, aun cuando podemos evocar aquel simposio sobre la ampliación al que acudieron un bloque de ingenieros japoneses que se maravillaron de la sólida construcción gijonesa frente a un mar no precisamente amable. El fondeo de los cajones de hormigón, con una altura similar a la de un edificio de ocho plantas, fue lo que más impresionó a sus ojos almendrados y rostros planos. Pero, volviendo a Puertos del Estado, cuando Llorca tuvo conocimiento del informe de la Oficina Antifraude de la Comisión Europea (CE) lo envió de inmediato al Ministerio de Hacienda y a la Fiscalía General del Estado, que a su vez lo remitió a la Fiscalía Anticorrupción -y de ahí la cosa entró en la Audiencia Nacional-. Esa bifurcación entre Hacienda y Fiscalía significó en la práctica que el Ministerio empezó a preparar alegaciones para Antifraude pero, a la vez, el Gobierno consideró que el camino era meridianamente claro: 1.º) recibir un rejón de 250 millones de euros que la CE retiraba a España; 2.º) ponerse a negociar pacíficamente con Bruselas; 3.º) dar al mismo tiempo señales de que los tribunales actuarían, y 4.º) España prometería ser buena chica en el futuro. De ahí se deduce que el "caso El Musel" tendrá trascendencia continental, como en su día la tuvo japonesa.
