Estaba claro desde el comienzo de la historia de la multa de trescientos euros (cincuenta mil de las pesetas entradas en desuso) a un ciudadano que pedía limosna en El Llano que no podía quedar en una anécdota surgida de una noticia descubierta por un agudo periodista de esta casa. La reacción de los partidos de la izquierda gijonesa no se ha hecho esperar y en una reacción que no se puede considerar como coordinada reclama una revisión de la ordenanza, que ya resultó polémica desde el primer día.
La propia alcaldesa, Carmen Moriyón, en un rasgo de sensatez, ha reconocido que la norma se "puede mejorar en el caso de que sea necesario". Pues éste es un caso claro que obligará a los responsables municipales gijoneses a revisar la dichosa ordenanza, que ya fue muy cuestionada con motivo de una acusación de práctica de "botellón" a un joven que razonó en su día y también en estas páginas su oposición a la demesurada sanción que se le imponía, además en circunstancias confusas y contradictorias.
Los políticos tienen como primer deber hacer felices a los ciudadanos, obligación que son muy pocos responsables públicos los que la recuerdan. Hacer felices a los ciudadanos no consiste en dejarles hacer lo que les apetezca porque eso puede significar infringir los derechos de los demás. Pero no es una buena política matar pulgas a cañonazos, frase que en los tiempos que corren puede ser considerada inadecuada pero que resume la cuestión planteada en Gijón y que sin duda significa la apertura del curso político. Con serenidad, sin prejuicios y sin dogmatismos, está claro que la ordenanza cívica ha de ser revisada por la actual Corporación, que tiene tiempo y margen para alcanzar un amplio acuerdo que dé paso a una norma más sensata. No puede ser que una ordenanza llamada a resolver problemas produzca lo contrario de lo deseado, que se convierta en una fuente de problemas.
