Nunca existieron en nuestro ordenamiento jurídico tantos códigos éticos, sistemas de buen gobierno y defensa de la transparencia como hoy día, y sin embargo, nunca se vivieron tantos escándalos. Quizá sean precisamente la transparencia y el foco de luz mediático los que hacen aflorar los pecados capitales y veniales de cualesquiera cargo público: el Máster obtenido por un atajo, el enchufe para un cargo público, la información privilegiada para hacer negocio, el trabajo del hogar asumido por inmigrante irregular, el aparcamiento en lugar prohibido o quizá la factura del fontanero sin IVA? Esos crímenes o faltas son el pasaporte para la lapidación pública.
En esas condiciones inquisitoriales no es extraño que los cargos públicos, que en otro tiempo eran codiciados, hoy día son mirados con recelo, con la actitud de quien sabe que para obtener el tesoro del poder tiene que pasar por el campo de minas del escrutinio de la opinión pública.
Así, el que tenga intención de saltar a la política sabe que lo primero que debe hacer es un examen de conciencia y comprobar su limpieza y santidad en el pasado, no vaya a ser, que lo que eran pecadillos de juventud se conviertan en condenas de madurez. Además, hay que hacer un esfuerzo por recordar si tiempo atrás participó en algún ágape, reunión o tertulia con malas compañías, o con buenas compañías que ahora son malas, ya que quizá fruto de la complicidad del mantel y del vino, se dijo lo que no se debía y lo que es peor, quizá quien no debía grabó lo que se dijo. Esos esqueletos del armario pueden resucitar cuando menos se espera.
Tras esa mirada en el retrovisor de su vida, el futuro cargo político debe mirar con cautela hacia el futuro que le espera. Deberá cuidarse del "fuego amigo" de sus propios compañeros. Deberá lidiar día a día con una guarnición de letrados, funcionarios e interventores públicos que frenarán sus iniciativas con advertencias de ilegalidad, porque leyes hay muchas, complejas y con interpretaciones múltiples, como evidencia la bochornosa sentencia de hipotecas del Supremo. También podrá comprobar el político idealista lo fácil que es sufrir una querella o denuncia y que le acompañe día a día como una pesadilla. Y es que la legislación penal ha dado una seria vuelta de tuerca, de manera que las malas prácticas impunes del ayer son las inhabilitaciones de hoy.
Basta pensar en esos pleitos penales que nos han acompañado en la última década con una música de fondo que ya cansa, como son la trama Gürtel o el caso de los ERE, el 3% en Cataluña o el sumario Pokemon que el Supremo acaba de devolver al Juzgado de instrucción tras siete años de investigación, al que se ha sumado la naciente trama Enredadera sobre adjudicación de contratos de tráfico que salpica a mas de cuarenta ayuntamientos.
Bien está investigar y que los culpables pasen por el escrutinio de la fiscalía y la decisión del juez penal, pero algo debe ser mejorable cuando junto a los grandes depredadores corruptos, actualmente están investigados o procesados en España por causas de corrupción casi 3.000 personas, pese a que estadísticamente solo un cinco por ciento serán condenados.
Escasísima cosecha de tantas semillas que reclama explicación. Quizá se debe a cosas de la presunción de inocencia, pero quizá también a cosas de la incontinencia de querellantes desatados. Asimismo ha de advertirse que las investigaciones no se extienden por capricho de fiscales y jueces sino que frecuentemente responden al deseo de evitar el varapalo del tribunal superior que censure la deficiente instrucción. Y tampoco faltan quienes desean ser investigados para demostrar su inocencia y poner coto a la infamia mediática.
Pero lo que no resulta admisible es que más del noventa por ciento de esos investigados se vean bajo la marca de Caín expuestos largo tiempo a la llamada "pena de banquillo" frente a amigos y familiares; quizá un buen día llegarán las palabras judiciales mágicas: "archivo, sobreseimiento o inocente"; serán recibidas con alborozo momentáneo pero incapaces de borrar el mancillamiento impune que le ha provocado nuestro sistema judicial, pues junto a los caimanes corruptos se habrán visto arrastrados al banquillo los pajarillos que revoloteaban cerca, ya sean políticos, funcionarios u otros sin mas culpa que estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.
El problema no son las investigaciones ni tampoco la publicidad de sus resultados, sino el riesgo que se pase de la publicación objetiva de las vicisitudes penales a la putrefacción colectiva, lo que sucede cuando la opinión pública se ve avivada en redes sociales e internet por parte de francotiradores, sin formación periodística ni apoyo en fuentes contrastadas, lanzando acusaciones o alimentando versiones maliciosas. Se echa gasolina de infamia hasta el punto de que los rivales políticos la utilizan como arma parlamentaria. Acusa o intoxica, que algo queda. Y lo hacen todos los partidos políticos por aquello de que ninguno quiere utilizar elegante florete en el Parlamento, el pleno o la tertulia mediática cuando el adversario utiliza un machete.
Bien está el peso de la Ley cuando hay atropellos, crímenes y corrupción, pero algo podrá mejorarse en nuestra legislación de enjuiciamiento criminal para que ni se eternicen los procesos, ni para que paguen justos por pecadores. Tampoco estaría mal un poco de madurez ética para todos nosotros que nos permita alzar la presunción de inocencia mas allá del mundo penal y extenderla también respecto de las acusaciones o infamias que tan alegremente pululan en la vida social.
En fin, que no ayuda a sentirnos mejor el vivir asaltados por noticias de corrupciones y delitos, pero debiera preocuparnos seriamente saber que estadísticamente nosotros o nuestros vecinos están o serán investigados alguna vez en su vida. Como también debe preocuparnos que un día sí y otro también sea noticia la credibilidad de los cargos públicos pues no solo se lesiona su reputación sino la de nuestra democracia.
