Por más que le doy vueltas no consigo encontrar beneficio alguno a que un alumno pueda pasar curso sin límite de suspensos, tal como ha decidido el ministerio de Educación en un Real Decreto Ley que ha puesto en pie de guerra a la escuela concertada.
La justificación a este pasaporte a un fracaso seguro mucho mayor el curso que viene son las especiales circunstancias que alumnos y profesores viven en tiempos de semipresencialidad a causa de la pandemia, exactamente las mismas que sufre cualquier ciudadano que, sin embargo, está obligado a afrontarlas sin ayudas extra. Pero el Gobierno ha decretado que este año las calabazas tienen premio en España, que cotizan al alza, que urge el encierro perimetral de cualquier tipo de recompensa al esfuerzo, y que vagos y aplicados vayan de la mano en el sistema educativo.
El Ejecutivo que toma este tipo de decisiones aplica razonamientos similares en la gestión económica, donde Sánchez también aspira a pasar curso aunque sea con calabazas en año de pandemia. Su Gobierno acaba de firmar unos Presupuestos Generales del Estado expansivos en plena crisis económica por el coronavirus y con la incertidumbre de hasta cuándo se extenderán sus efectos. En unas circunstancias tan desfavorables, ha permitido volver a endeudarse a las autonomías y anunciado una subida de impuestos que afecta principalmente a quienes deben crear nuevos puestos de trabajo o al menos mantenerlos. Las medidas para reactivar la economía y el consumo son exactamente las contrarias en Portugal, Alemania, Francia, Italia y Grecia, donde las bajadas de impuestos se unen a desgravaciones a pymes y familias sin comprometer tanto la estabilidad económica futura con más deuda.
