Lo que debería ser el debate democrático en el Congreso ha degenerado en un lodazal, del que todos deberíamos avergonzarnos. ¿Cómo es posible que hayamos enviado para que nos representen a personajes que actúan como si estuvieran en la barra del más infame de los bares? Los insultos, las descalificaciones, las frases soeces, la falta de respeto al adversario, convertido en un enemigo al que no dar ni agua, han sustituido a la crítica racional.
¿Cómo es posible que se lancen como si tal cosa palabras como “criminal”, “cobarde”, “mentiroso”, “miserables”, “terroristas”, sin que a quienes las profieren se les caiga la cara de vergüenza si les queda alguna? No quiero generalizar: me refiero sobre todo a una derecha que, desesperada desde que el Gobierno se le escapó de las manos, decidió echarse al monte, del que no parece estar dispuesta ya a salir.
Un partido al que todos los medios le parecen justificados para lograr su objetivo, que no es otro que descabalgar del poder a un Gobierno democráticamente constituido, pero al que, desde el primer momento muchos se empeñan en considerar ilegal. Resulta vergonzoso que, en lugar de criticar con argumentos todo lo criticable en la coalición gobernante, que sin duda lo hay y mucho, y presentar, si es que la tienen, una alternativa, se empeñen en montar bronca.
Lo que ocurre hoy en nuestro Congreso apenas se distingue de lo que se escucha en las más deleznables tertulias radiofónicas o televisivas ni de toda la basura que circula por las “redes sociales”. Parece como si lo que frustra realmente al líder del PP es el hecho de no poder presumir, como hace sin pudor su rival socialista, de unas vacunas que, con todos los problemas, están ayudando a vencer la pandemia.
Parece que no puede tolerar tampoco que sea un Gobierno de izquierdas, y no quienes han considerado siempre a España su particular cortijo, el que vaya a gestionar los 140.000 millones de euros que ha prometido la Unión Europea. Hasta tal punto no lo puede tolerar que el pasado verano el PP ya maniobró en Bruselas para poner en duda la calidad democrática de la justicia española por la polémica del Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación tiene bloqueada ese mismo partido. Maniobra que ha tenido ahora su segunda parte en la carta que tres asociaciones de jueces, todas salvo la progresista, han enviado a la UE para alertar del “riesgo claro de violación del Estado de derecho en España” por la supuesta “intromisión política en el Poder Judicial”.
Por no hablar de ciertos medios, sobre todo de la capital que, en lugar de informar con equilibrio y objetividad, convierten cuanto tocan en grosera manipulación, y acusan a quienes critican ese sesgo de atacar a la libertad de prensa. “Cosas veredes”.
