El letrado de la Junta se desvincula de la ley para integrar el Hospital de Arriondas

Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

El Grupo parlamentario Socialista en la Junta General del Principado de Asturias aseguró ayer que la ley para integrar el Hospital del Oriente en el Sistema de Salud del Principado (Sespa), apoyada por PP e IU, «se ha saltado tantos procedimientos» que considera que su futuro es «incierto», dado que puede que el Gobierno regional tenga que recurrirla ante el Tribunal Constitucional por los supuestos vicios de inconstitucionalidad observados. El PSOE advirtió, además, sobre la posibilidad de que se tengan que sacar a oferta pública todos los puestos de trabajo del Hospital de Arriondas, lo que no garantizaría la continuidad de los actuales trabajadores en sus puestos.

Fernando Lastra, portavoz socialista en la Junta General, aseguró que la ley, que hoy se debatirá en la Comisión de Salud y Servicios Sanitarios, ha sido redactada «con tantos vicios» que hasta el letrado de la Cámara «se ha desvinculado» del texto definitivo. Según consta en el acta de las reuniones de la ponencia para la redacción de la ley, el letrado de la Junta General, Ignacio Arias Díaz, se ofreció para estudiar los aspectos jurídicos del texto para tratar de corregir posibles problemas, «siendo rechazado este ofrecimiento», reza el documento. Ante esta decisión, el letrado refleja que «se exime de cualquier responsabilidad tanto en lo que se refiere al contenido del texto como a sus efectos jurídicos». Pilar Alonso, la diputada socialista presente en la ponencia, aseveró que tanto PP e IU «trataron de adaptar las directrices jurídicas a su voluntad política, cuando esto debe ser al revés».

«Es un hecho sin precedentes», apuntó Lastra. «Esto no es legislar, es un enredo impropio de un Parlamento. No se puede legislar así, es una temeridad. Alguien tiene que decirnos que está mal», abundó Lastra. Además, el PSOE considera que parte del articulado de la ley carece de sentido porque la integración del centro hospitalario «ya se ha producido», al transformarse hace unos meses en pública la Fundación privada que rigió el Grande Covián desde su apertura, en el año 1995. La Fundación pública titular del centro asistencial está presidida por la gerente del Sespa, Elena Arias.

Lastra aseguró que esta ley deja en el aire los puestos de trabajo de los empleados del Hospital de Arriondas, dado que «no se puede hacer a uno trabajador público y encima en un puesto concreto. Esto habrá que hacerlo con una oferta de empleo público». «Hemos advertido de esto muchas veces. Con esta norma está en juego su futuro laboral», añadió para sentenciar: «Aún están a tiempo de rectificar».

Lastra rememoró «la cantidad» de trabajadores con plaza en el Sespa que tienen previsto recurrir si los empleados del Hospital del Oriente, antes dependientes de una Fundación privada creada por el propio Principado, adquieren el rango de funcionarios tras la aprobación de la ley.

Una vez que el texto reciba el visto del Parlamento con los votos a favor de IU y del PP, el Gobierno regional podrá decidir sobre si recurre la ley. Este asunto, como el de la incineradora de Serín, es uno de los problemas que están tensando el pacto de gobierno de izquierdas entre IU y PSOE que permite a Vicente Álvarez Areces ostentar la Presidencia del Principado.