María pagaba dinero a sus compañeros de clase para evitar que le pegasen. Cuando terminó sus ahorros, unos pocos euros que guardaba en la hucha, empezó a pedir dinero a sus abuelos usando todo tipo de zalamerías. Si algún día no podía conseguir la cantidad que los "matones" le habían pedido, le volvían a pegar. Y si le quedaba alguna marca, contaba que se había caído en clase de gimnasia. Cuando sus padres descubrieron que su hija estaba siendo acosada ya había entregado a los chantajistas 400 euros.
A Ana, su novio adolescente le propuso mantener relaciones sexuales durante un viaje de estudios; ella no quería perder la virginidad, así que accedió a realizarle una felación. Un grupo de compañeros se colaron en la habitación para grabar la escena. Y el vídeo voló imparable de móvil en móvil por la ciudad.
A Lucas lo fueron a detener unos policías a su instituto cuando cogió unas tijeras y atacó a un grupo de compañeros. Era la víctima convertido en agresor. Llevaban meses acosándole y ya no podía más.
María, Ana y Lucas no son sus nombres reales, pero sí las situaciones que han vivido. Estos chicos existen y han sufrido un caso de acoso escolar en Oviedo. Solo en lo que va de año la Jefatura Superior de Policía ha abierto diligencias por tres casos de acoso en centros escolares de la ciudad: uno por acoso puro y duro, otro con amenazas y el tercero por malos tratos sin lesiones. El año anterior, en 2015, fueron 23 las diligencias por acoso escolar incoadas por la Policía Nacional, 9 de ellos con lesiones, según los datos facilitados a LA NUEVA ESPAÑA. Lesiones como las que sufrió Eva (otro nombre ficticio), una niña a la que un grupo de compañeros obligó a ponerse de "potro" en el patio del colegio para saltar sobre ella. Terminó en el suelo con una fractura en el codo.
No fallar al violentado
Los datos del último estudio de la organización Save the children sobre acoso escolar no dejan indiferente. Aunque Asturias se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, un 7,1 por ciento de los escolares de la región aseguran haber sido víctimas de acoso escolar en alguna ocasión. Las encuestas se han realizado entrevistando a escolares de entre 12 y 16 años de 422 centros en el Principado. "Al acoso hay que llamarlo por su nombre, es una forma de violencia. No es un juego de niños y no podemos justificarlo. Como sociedad no podemos permitirnos fallar a niños que están sufriendo situaciones de estrés o ansiedad y que, como hemos visto recientemente, a veces llegan incluso hasta el suicidio", señala Andrés Conde, director de Save the Children España, en referencia al suicidio de un menor en Madrid.
Los casos más graves son los que llegan a la Policía y por ende a la Fiscalía de Menores. Pero la mayoría de las situaciones no trasciende. Como la de Miguel, un chaval de Ciudad Naranco que con 10 años salía llorando cada día de su colegio. Con 17 años se decidió a hacer público su sufrimiento, recogido en una información publicada en este diario el domingo pasado. Quería dar un toque de atención y animar a que se denuncie.
Entre los años 2012 y 2014 la sección de Menores de la Fiscalía del Principado incoó 102 diligencias por hechos ocurridos en el entorno escolar. De todas ellas, solo en una ocasión se siguió procedimiento por un delito contra la integridad moral. En todos los demás supuestos, los hechos no rebasaron los límites de la falta (ahora delito leve, tras la reforma del Código Penal) o se trató de casos de acoso incipiente que obtuvieron una respuesta adecuada mediante medidas en el ámbito escolar u otras actuaciones extrajudiciales, tal y como han detallado fuentes de la Fiscalía del Principado de Asturias a este periódico.
La muerte de una menor de 14 años en abril de 2013 en Gijón, que se suicidó tirándose por un acantilado, motivó un incremento de las denuncias por acoso escolar. La Fiscalía investigó el caso y en un primer momento lo archivó. Cuando la madre presentó una acusación particular se amplió la investigación y se dictó una sentencia de conformidad condenando a dos compañeras de clase a la realización de tareas socieducativas durante cuatro meses por un delito contra la integridad moral. La mayoría de las causas, sin embargo, terminan archivándose por diferentes motivos. Lo más habitual es que la situación se resuelva tras la intervención del centro escolar en el que suceden los hechos y no se continúe por la vía penal, tal y como aclara la Fiscalía del Principado en su última memoria: "ninguno de los casos supera el ámbito de la falta y en su mayoría se archivan tras comprobar que en el centro escolar se adoptaron las medidas adecuadas para solventar el problema".
