El tripartito local (Somos, PSOE e IU) acordó ayer la presentación de un recurso contra la sentencia emitida el martes por el juzgado contencioso administrativo número tres que condena al Ayuntamiento a pagar 25 millones a la empresa Jovellanos XXI por quitarle la concesión del Palacio de Exposiciones y Congresos diseñado por Santiago Calatrava. El Ayuntamiento recurrirá, como adelantó el jueves este diario, pero lo hará sin mucha esperanza. Pese a que hicieron constar que cabe el recurso, los abogados municipales ven "muy difícil" que prospere y así se lo hicieron saber ayer a los tres socios de gobierno.

La razón, esgrimen los especialistas jurídicos del consistorio, es que en el momento en que se recepcionó la obra, en mayo de 2011, el interventor municipal, José Luis González (actualmente de baja), y el ingeniero Ignacio Latierro firmaron un acta donde se estipulaba que el valor del Palacio se duplicaba hasta los 96 millones, que es la cantidad que reclama la empresa Jovellanos XXI, constructora de la obra levantada en Buenavista. Los abogados creen que, con esa firma, el Ayuntamiento da validez a esas condiciones y pierde margen de maniobra en sus alegaciones.

El propio juez del contencioso administrativo número tres, Miguel Ángel Carbajo Domingo, se detiene en este episodio de recepción de la obra. En su sentencia, el magistrado considera que el valor del Palacio de Congresos se multiplicó por dos "sin una razón o explicación mínimamente verosímil" en seis años -desde el modificado del contrato (2005) y la recepción de la obra (2011)- y califica este incremento de "desorbitado y desmesurado". Además, apunta directamente tanto a González como a Latierro, los altos funcionarios que validaron el acta: "Les pareció algo tan irrelevante (el incremento del coste de la obra) que ni tan siquiera movió su curiosidad o duda exigiendo explicaciones concluyentes al contratista, máxime cuando está en juego el erario público y la eficiencia de la asignación de recursos públicos". Carbajo añade también que ese acta de recepción de la obra se confeccionó "a la ligera", "de forma frívola" y "con una finalidad ciertamente ignota".

Pese a la dificultad que advierte, el gobierno esconde sus cartas por razones de "estrategia judicial". Sabe que el recurso no le cuesta dinero y que gana tiempo, pero teme que la cantidad en futuros fallos aumente. El Alcalde, Wenceslao López (PSOE) dio pistas el jueves, al pedir un descuento de diez millones en la factura municipal, los mismos con los que el Tribunal Supremo condenó a Santiago Calatrava por sus defectos en la ejecución de la obra.