La sentencia que respaldó las contrataciones del Plan de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo fue una victoria parcial. Pese a que la magistrada juez del Juzgado de lo Social no apreció que el contrato firmado con un delineante fuese fraudulento, condenó al consistorio a indemnizarle con 1.552,93 euros o bien a readmitirle hasta la conclusión de la obra. Fue contratado para realizar la digitalización de expedientes antiguos, labor que debía realizar con otro compañero. Este último quedó de baja, lo que ralentizó el ritmo de los trabajos y provocó que en el momento en que terminó la relación laboral del denunciante con el municipio aún quedase pendiente el 40% de la tarea, por lo que la sentencia manda que se le vuelva a contratar para acabar el trabajo o se le indemnice sólo por ese porcentaje pendiente. Sin embargo, la jueza también precisa que no hay fraude de ley en la forma en que Oviedo aplicó el plan de empleo, lo que ha animado a otros ayuntamientos a recuperar el programa. Además de en la necesidad de establecer de forma clara la obra y servicio que realizan los beneficiarios para evitar programas legales, la FACC insiste en mantener el "carácter social" que deberían tener siempre, explica, este tipo de contrataciones.
