El claustro aprobó también ayer la creación de una comisión para la aplicación de la ley de memoria histórica que estará integrada por cinco profesores con vinculación permanente a la Universidad, una profesora o profesor pertenecientes al resto del personal docente e investigador, tres estudiantes y un representante del personal de administración y servicios. El plazo de presentación de candidaturas para formar parte de esta comisión irá del 17 al 27 de abril próximos y se votará finalmente en una sesión abierta del claustro convocada para el 9 de mayo. Al respecto, la profesora Pilar García Cuetos, miembro del grupo de expertos que elaboró un informe sobre la presencia de simbología franquista en la institución académica, señaló que lo que se pretende es realizar una aplicación "ponderada" de la ley de memoria histórica. El mencionado informe identificó cuatro elementos instalados en el edificio histórico, pero también otros intangibles. Uno de ellos, el nombramiento como rector honorario de Francisco Franco, en 1939, distinción que se pretende retirar, siguiendo el ejemplo de otras universidades que eliminaron el nombre del dictador de sus respectivas listas de doctores honoris causa.
Sobre la vidrieras con simbología franquista que ocupan varios emplazamientos de la sede del Rectorado, Pilar García Cuetos señaló que en este caso "debe primar el criterio de la conservación" y para no alterar el patrimonio artístico hay dos opciones: cubrir los elementos con referencias franquistas o colocar junto a ellos una placa explicativa, pero en este caso "es imposible retirar la simbología franquista sin alterarlas". Las vidrieras "pueden y deben conservarse en su emplazamiento original sin menoscabo de la ley siempre y cuando se añadan elementos explicativos de su significado y origen", expuso García Cuetos.
