"El artículo 155 se aplicó conforme a la ley, pero las medidas derivadas del mismo generan dudas legales". Esta es la tesis defendida ayer por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Leonardo Álvarez durante una mesa celebrada ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA en la que también participó el catedrático Ramón Punset y sirvió para presentar la obra coordinada por ambos "Cuatro décadas de una Constitución normativa (1979-2018). Estudios sobre el desarrollo de la Constitución Española" con el decano de la facultad de Derecho, José María Roca, como moderador.

Ramón Punset centró su intervención en recordar los consensos que propiciaron la aprobación de la Carta Magna en 1978, mientras que Álvarez analizó la aplicación del artículo 155 por primera vez en la historia el pasado mes de octubre. Este último defendió que la aplicación del artículo llegó justo a tiempo. "Hasta que no se produjo la fuga de empresas y el incremento de la prima de riesgo posterior a la Declaración Unilateral de Independencia no se cumplía la premisa de que la actuación de la comunidad autónoma estaba afectando al interés general", señaló.

El profesor descartó la hipótesis de haber activado el artículo cuando Artur Mas convocó el primer referéndum ilegal en 2014. "El TC lo declaró inconstitucional porque la Constitución no reconoce ningún derecho de autodeterminación, pero el 155 señala que el incumplimiento debe ser evidente y persistente", apuntó para, seguidamente, explicar que el requisito de la persistencia se completó con el referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia.

Punset había repasado antes algunas de las fuentes de las que bebieron los consensos de la Constitución Española. Vinculó el diseño del estado autonómico al precedente histórico del federalismo de la II República como referente de las sensibilidades existentes en regiones como Cataluña. Del mismo modo, apuntó a razones democráticas como la de "aproximar el poder al ciudadano" mediante la descentralización y la aspiración muy respaldada de incorporarse a la Unión Europea. "La Constitución era una especie de billete para nuestra integración internacional y supranacional en Europa", defendió el catedrático.

El veterano jurista considera necesario modificar la Constitución, pero no ahora "por la falta de consenso". Sobre el camino a seguir, descarta que la solución pase por una recentralización de la administración. "Ahora es inimaginable e imposible", declaró, mostrándose partidario de "otorgar las competencias a los entes más capacitados mediante una evaluación permanente".