La Consejería de Servicios y Derechos Sociales adjudicó contratos a dos empresas de la "trama enredadera" durante el periodo investigado por la Unidad de Delincuencia Fiscal (UDEF). Los servicios fueron encargados a las empresas Aralia Servicios Sociosanitarios, propiedad del capo de la trama José Luis Ulibarri y Valoriza Facilities, del grupo Sacyr, que además obtuvo ayudas a la contratación del Principado de Asturias en el año 2017. Esta segunda empresa (en su sección Valoriza Agua) fue beneficiaria de otro contrato del Ayuntamiento de Ribadesella. Las dos compañías constan en el sumario como investigadas y la jueza solicita a los organismo públicos que faciliten información sobre posibles adjudicaciones que hayan recibido o en las que estén tomando parte.
El primero de los contratos data del dos de mayo de 2017. Entonces la empresa Valoriza Facilities, del grupo Sacyr, recibió la adjudicación del servicio de limpieza y lavandería del Establecimiento Residencial para Ancianos (ERA) de La Tenderina, en Oviedo. El presupuesto base de licitación de este concurso era de 736.879, 90 euros. Esta compañía recibió además ayudas a la contratación de personas con discapacidad en 2017 por parte de la consejería de empleo, industria y turismo del Principado por valor de 3.172 euros.
En el sumario se recogen varias llamadas realizadas por Ángel Luis García Martín, "el Patatero", el mismo día dos de mayo a su padre, a Juan Simón, al Jefe de Policía de Gijón y al de Oviedo, en las que afirma primero, que va "a Oviedo con unos compañeros del grupo Valoriza, de Sacyr, que mañana abren el sobre" y en sus conversaciones con los policías insiste en su voluntad de presentarle a los dos miembros de Valoriza. En una comunicación telefónica con su mujer el día tres, "el Patatero" le dice haciendo referencia a varios contratos obtenidos en los últimos dos días en León y Asturias, que "está todo cerrado, y en cinco años son dos millones y medio de euros: 1.250 para él y 1.250 para Valoriza y Gespol".
Valoriza Agua (vertiente de la empresa que también aparece en conversaciones del sumario) obtuvo el contrato para la explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones depuradoras de Guadamía, Cueves y Alea. El contrato se formalizó en julio de 2017 y tiene vigencia por tres años con un precio de licitación de 109.647,69 euros y un valor estimado de 175.463,30 euros.
Aralia Servicios Sociosanitarios, "la gran empresa de José Luis Ulibarri" tal como reflejan conversaciones del sumario, recibió dos contratos de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado. El primero de ellos se adjudicó el 12 de diciembre de 2017. Se trataba de un concurso en el que se repartía la gestión del servicio de centros de día para personas mayores dependientes en 21 localidades asturianas. Al concurso de presentó Aralia en coalición con Asturservicios La Productora (implicada en el "Caso Marea"). Esta UTE obtuvo la gestión de los centros de Cudillero y Gijón, con un presupuesto base de licitación de 1.10.820,40 euros y dos años de duración. Además al concurso también se presentó Valoriza, que concurrió por todos los lotes pero no obtuvo ninguno.
La empresa de Ulibarri, cabecilla de "enredadera" e imputado en la "trama gürtel", obtuvo también el contrato para la intervención técnica especializada con menores alojados en centros y sus familias para procurar la reincorporación familiar, adjudicado por 24 meses con un presupuesto de 184.800 euros. Esta adjudicación, también dependiente de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, tiene fecha de marzo de este mismo año.
El Partido popular (PP) llevó ayer a la Junta del Principado los citados contratos entre la consejería y Aralia. Su diputado, Matías Rodríguez Feito ha pedido a la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, que "aclare cuanto antes las circunstancias de estas licitaciones y ha afirmado que va a solicitar al Consejo de Gobierno toda la documentación necesaria para esclarecer esta cuestión".
Por su parte, la Consejería de Servicios Sociales ha reconocido la existencia de las adjudicaciones, pero asegura que "los contratos señalados, al igual que todos los que se realizan en el Principado, han sido licitados y adjudicados conforme a lo previsto en la normativa vigente en materia de contratación pública".'
