La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo (PAH) ha alertado del caso de un matrimonio de septuagenarios que pasó dos noches en el Campo San Francisco (18 y 19 de este mes) tras ser desahuciado de su piso del centro por el impago del alquiler. El único ingreso de la pareja son los poco más de 300 euros de pensión no contributiva de la mujer, de 72 años, que junto a su marido, de 74, debía hacer frente a una renta de 500 euros. El Juzgado de Primaria Instancia número 3 de Oviedo ejecutó el desalojo el martes pasado, después de que la pareja acumulase varios meses sin pagar.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncian que el Juzgado ovetense incumplió los protocolos establecidos para casos como éste, abandonando a su suerte al matrimonio sin brindarle apoyo asistencial. "La abogada de la propiedad les avisó el día antes de que tenían que dejar el piso en el que vivían desde hace muchos años. Asustados, al día siguiente se ducharon, cogieron cuatro cosas y se fueron dejando las llaves puestas en la puerta", explica Pilar Galán, de la PAH de Oviedo.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) asegura que "nadie alertó" previamente al Juzgado de la situación de vulnerabilidad de la pareja y que el día del desahucio la vivienda estaba vacía. "Cuando se detecta en la diligencia algún supuesto de vulnerabilidad se tiene orden de suspensión para dar cuenta al Juzgado correspondiente. El día 18 no ocurrió, por lo que se reitera que no se tenía conocimiento. En el servicio correspondiente se cumplieron escrupulosamente las indicaciones del convenio sobre lanzamientos", asegura el alto tribunal en un comunicado.
Según un convenio aprobado en marzo pasado por el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado y la Federación Asturiana de Concejos, los juzgados que reciben demandas por impago de alquiler están obligados a evaluar si la familia se encuentra en situación de riesgo de exclusión social, y, en caso afirmativo, facilitarle información sobre los recursos de asistencia social disponibles trasladando el caso a los servicios sociales municipales para que adopten las medidas oportunas para garantizar sus derechos sociales. Además, el convenio considera a las personas mayores de 65 años como objeto de atención especial.
Mal estado psicológico
El matrimonio desahuciado prefiere mantenerse en el anonimato mientras recibe el asesoramiento de la PAH y en estos momentos está en casa de unos amigos. Los voluntarios de la plataforma lograron convencerles para que abandonaran el banco del parque en el que se habían instalado sin contarle a nadie, ni a su familia, lo que les había pasado. "Su estado psicológico es terrible. Están devastados y en el límite de la depresión", explica Pilar Lobo, miembro de la plataforma. Al parecer, el matrimonio había llegado a un acuerdo verbal con el dueño del piso para pagarle en enero ya que estaba pendiente de recibir el dinero de una herencia.
La pareja ya ha acudido a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Según la concejala de Igualdad, Marisa Ponga, fueron atendidos en varias ocasiones por el personal del área, pero sin presentar una solicitud formal.
La plataforma mantiene varios frentes abiertos en Oviedo. A mediados de este mes rechazó la decisión del Ayuntamiento de denegar la solicitud de una vivienda social a Noemí Jiménez, una vecina de Ventanielles con dos hijos menores, amenazada por una orden de desahucio. La PAH considera que la mujer cumple los requisitos exigidos, pero un informe municipal deniega su petición. "La concejala Marisa Ponga dice que hay razones que respaldan el informe negativo, pero no están recogidas en ningún documento", denuncian.
