01 de noviembre de 2018
01.11.2018

Denuncian al tripartito por "no ejecutar" el fallo que anula el cambio de calles

Los Defensores llevan a la Fiscalía la negativa municipal a quitar las placas colocadas en abril

01.11.2018 | 01:06

La Hermandad de Defensores de Oviedo acudió ayer a la Fiscalía a denunciar la negativa del tripartito a ejecutar "en la práctica" el fallo del juzgado número 6 de lo contencioso administrativo de Oviedo por el que se anula el acuerdo plenario para cambiar el nombre a 21 calles de la ciudad en aplicación de la ley de la Memoria Histórica. El colectivo fue uno de los tres recurrentes del acuerdo municipal junto al PP de Oviedo y el vecino José María Pérez y ahora se suman a las quejas de este último, pidiendo una correcta ejecución del fallo, retirando de manera inmediata de las placas colocadas la pasada primavera con las nuevas denominaciones.

Representantes de la Hermandad ya habían denunciado el pasado abril la colocación de las nuevas placas antes de la resolución del recurso que finalmente terminó por tumbar la decisión del tripartito. El ministerio público abrió entonces diligencias sobre la posible comisión de delitos contra el patrimonio público, malversación y prevaricación y la Hermandad pide incorporar a esas investigaciones la intención del tripartito de sortear la sentencia anulatoria con otro acuerdo en el que se subsane la falta de documentación en la que el juez se basó para tumbar la medida.

Las medidas tomadas por el colectivo se suman a las quejas hechas públicas la pasada semana, a través de LA NUEVA ESPAÑA, por el también demandante José María Pérez. El vecino exigió la retirada de los nuevos rótulos y la reposición de los antiguos en el plazo de diez días marcados por el juez para ejecutar la sentencia hecha firme tras declinar el Consistorio un nuevo recurso. "Forma parte del cumplimiento del acuerdo porque si este es nulo, también lo son todos los actos derivados del mismo", declara el denunciante.

A diferencia de Pérez, la Hermandad de Defensores ha decidido trasladar los hechos a la Fiscalía, dejando la puerta abierta a que el ministerio público detecto "otros posibles delitos imputables" a los miembros del ejecutivo municipal relacionados con "la negativa al cumplimiento de la sentencia firme anulatoria".

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