07 de noviembre de 2018
07.11.2018
La polémica sobre los cambios en el callejero ovetense

La oposición cuestiona la "estrategia" del tripartito para blindar el cambio de calles

"El gobierno reconoce que incumplió la ley", dice Caunedo ante la decisión de modificar ahora cuatro vías fuera del acuerdo de Memoria Histórica

07.11.2018 | 01:19
La placa de la calle Arquitectos Galán, cuyo cambio no se realizará en aplicación de la ley de Memoria Histórica.

El tripartito consumó ayer su cambio de "estrategia jurídica" para blindar el cambio de 21 calles franquistas del callejero de la ciudad después de que los tribunales anulasen un acuerdo aprobado en diciembre de 2016. Los socios aprobaron en Junta de Gobierno iniciar un nuevo procedimiento para modificar 17 calles en aplicación de la ley de Memoria Histórica y otras cuatro de manera discrecional ante las dudas jurídicas de que estas cumplan las condiciones para poder ser cambiadas por esta vía. Las medidas buscan subsanar el revés judicial, pero la oposición municipal cuestiona las mismas y las interpreta como un reconocimiento explícito de un incumplimiento previo de la ley.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Agustín Iglesias Caunedo, se mostró especialmente crítico con la gestión del gobierno sobre el cambio de las calles. "Han reconocido que cometieron un fraude de ley al querer aplicar la Memoria Histórica a unas calles con las que no podían", indicó el también exalcalde del PP, dejando la puerta abierta a posibles acciones legales futuras. "Vamos a estudiar con rigor el expediente y adoptaremos las medidas oportunas", anunció.

El concejal popular reprochó al tripartito la falta de voluntad política para abordar los cambios en la denominación de las calles mediante consensos. "No se puede hacer un cambio así sólo con 14 votos. Hay que tender la mano y hablar con todos", destacó en relación a lo que calificó como "medidas unilaterales" para modificar la denominación de las vías Fernández-Ladreda, Marcos Peña Royo, Yela Utrilla y General Yagüe por Joaquín Costa, Lola Mateos, Arquitectos Galán y Juan Benito Argüelles.

El PP ovetense fue uno de los tres denunciantes junto a la Hermandad de Defensores de Oviedo y el vecino José María Pérez que propició la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Oviedo que anuló el acuerdo de junta de gobierno de 2016 sin entrar a valorar el fondo tras apreciar la ausencia de informes para justificar el cambio en aplicación a la ley aprobada por el gobierno de Zapatero en 2007. El abogado encargado de la acusación del PP, Miguel Teijelo, manifiesta dudas legales respecto a la salida buscada por el gobierno municipal para contrarrestar el revés recibido por los tribunales. "Desde mi punto de vista eso no es lo que dice la sentencia", declara el letrado, que descarta realizar ningún movimiento hasta conocer el detalle de los acuerdos tomados por el tripartito. "Hay dos meses de plazo para ejecutar la sentencia y si una vez pasados consideramos que no se ha ejecutado correctamente valoraremos otras actuaciones", anuncia Teijelo.

Por su parte, el vecino José María Pérez pide también prudencia a la hora de valorar el nuevo paso dado por el Ayuntamiento para tratar de legalizar los cambios invalidados por el juez. "Estoy expectante, pero a mi entender no están actuando acorde a lo señalado por la sentencia", destaca Pérez, quién admite que esperaba otro tipo de respuesta por parte del ejecutivo local. "Entendería que pidiesen al juez una prórroga para no tener que retirar las placas nuevas colocadas en abril, pero no comprendo esta salida para no cumplir lo que dice claramente el fallo", sostiene el demandante a título particular del acuerdo.

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