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La sentencia de los recursos contra el tributo se espera para el mes que viene

La reclamación judicial de los propietarios que han decidido recurrir la aplicación del IBI diferenciado en las ordenanzas fiscales del pasado año está lista para una sentencia que podría llegar en el mes de enero, según fuentes conocedoras del proceso. Los tribunales ya tumbaron la ordenanza de 2017, debido a la ausencia de una inserción publicitaria en un medio regional de gran tirada anunciando el nuevo impuesto. Fue, a juicio de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), un "vicio de nulidad absoluta", por lo que no llegaron ni a abordar el fondo de la cuestión planteada como base de los recursos.

Los recurrentes entienden que el Ayuntamiento de Oviedo, al modificar su normativa fiscal para incluir incrementos "por motivos ideológicos" como los que aprecian en el IBI diferenciado, incurre en "ayudas estatales ilegales", ya que los movimientos fiscales no se aplican a todo un sector y tampoco estarían fundamentados en probadas razones de interés general. Además, también apuntan a un nuevo defecto de forma en la tramitación que bien pudiera desembocar en el mismo resultado que el de 2017. Según apuntan las fuentes consultadas, la ordenanza fiscal que reguló el impuesto en 2018 no era nueva, sino que partía de una modificación de la del anterior ejercicio, que fue declarada nula por el TSJA y que, por tanto, no tiene valor alguno. A partir de ahí, los jueces también podrían tumbar el IBI diferencial del año pasado, al basarse en una ordenanza anulada previamente y en su integridad.

Las fuentes consultadas también alertan de que el Ayuntamiento pudo haber cometido otro defecto formal con los tiempos de información pública, dejándolos en 15 días en lugar del mes que sería preceptivo.

Pese a los procesos judiciales en marcha, y a las críticas de los empresarios y de los partidos de la oposición, que lo rechazan de plano, el concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos), ha decidido mantener el IBI diferenciado "para que los que más tienen paguen un poquito más". Para las familias, al bajar el tipo del 0,6886 al 0,6 por ciento, se introduce una rebaja que el edil sitúa entre el 17 y el 20 por ciento.

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