Que los policías municipales no puedan utilizar sus PDA para estar conectados telemáticamente al sistema no sólo afecta al día a día de los agentes, que denuncian trabajar en unas condiciones propias del siglo pasado; también provoca daños colaterales en otras áreas del Ayuntamiento. Entre otras cosas, el no tener acceso a dispositivos con internet obliga a los agentes a poner las multas utilizando papel y bolígrafo, un sistema "decimonónico" que está atascando la oficina de Recaudación y que trae consigo pérdidas económicas para las arcas municipales. "Los papeles se amontonan y hay veces que no damos abasto entre expedientes y alegaciones. Al no estar informatizado se ralentiza el proceso burocrático ligado a este tipo de sanciones y da lugar a que aumenten aquellas que prescriben", explican fuentes próximas al servicio. No en vano, el ciudadano tiene derecho a no pagar una multa si no se le notifica antes de tres meses en el caso de las infracciones leves y de seis en el de las graves.
El problema que ha llevado a la Policía Local a trabajar aislados y en silencio digital -los agentes no pueden acceder a las bases de datos policiales, a la legislación y ni siquiera comprobar una matrícula- tiene su origen en la explosión del "caso Enredadera", la trama corrupta de amaño de contratos públicos ligados al área de Seguridad Ciudadana por la que está siendo investigado José Manuel López, el exjefe de la Policía Local. Los agentes iban a disponer de tabletas electrónicas gracias a un plan de modernización cuyos pliegos ya estaban a punto de firmarse, lo dijo ayer el propio concejal de Seguridad, pero el 3 de julio del año pasado los componentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial (UDEF) irrumpieron en el cuartel del Rubín y en el propio Ayuntamiento a la caza de posibles irregularidades y todo se paralizó. "No se puede ignorar lo que pasó y todos los contratos que tienen que ver con tecnologías en el área de Seguridad hay que mirarlos de una forma especial. Tenemos una partida para las tabletas en los presupuestos, pero hay que volver a rehacer los pliegos. Ante las dudas, la seguridad jurídica", explica Ricardo Fernández, el edil del área.
Blanco y en botella: el tripartito no quiere unos pliegos que se elaboraron con José Manuel López como jefe de la Policía Local después de que este fuese interrogado como sospechoso de su implicación en una red acusada de dirigir esos contratos hacia las empresas investigadas. No obstante, a falta de tabletas digitales, aún quedarían las PDA, pero las que hay están guardadas en un cajón porque no están actualizadas, es decir, no cuentan con las aplicaciones necesarias para conectarse al sistema. Esta labor, la del mantenimiento informático de esos aparatos, le corresponde actualmente a la empresa Aluvisa, la actual concesionaria de la red semafórica y del control del tráfico en la ciudad, que también aparece en las escuchas de los investigados en el "caso Enredadera".
De esas escuchas se desprende que el empresario astorgano Ángel Luis García Martín, "El Patatero", uno de los cabecillas de la supuesta trama corrupta, quería hacerse con el contrato que finalmente fue para Aluvisa en Oviedo. En las grabaciones se oye como "El Patatero" protesta, en conversaciones telefónicas con otros socios, culpando al exjefe de Policía de no haber actuado en su favor. Incluso llega a decir que López "muerde la mano que le da de comer". Ricardo Fernández asegura que el Ayuntamiento ya le ha solicitado a Aluvisa que actualice las PDA en varias ocasiones sin obtener respuesta. "Hemos hecho varios requerimientos formales, pero es un retraso de la empresa", afirma.
Gerardo Antuña, desde el PP, adelantó que su partido va a exigir explicaciones. "No sabemos el coste económico ni de otras características que va a suponer para el Ayuntamiento el colapso en la tramitación de sanciones derivado de la inacción y dejación de Ricardo Fernández", dice.
