El gobierno municipal de coalición que comparten el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) acaba de abrir un expediente por infracción "muy grave" a Aluvisa, la empresa que se encarga de la conservación de la red semafórica de la ciudad y de la explotación del centro de control de tráfico. En concreto, la compañía -que aparece citada en las escuchas telefónica del caso "Enredadera" de presuntos amaños de contratos de tráfico- se expone a una sanción de 30.000 euros. Es por la comisión de tres faltas consideradas graves en el plazo de un año. Dos de ellas están relacionadas con el bolardo de entrada a la calle Gascona que dejó de funcionar tras verse afectado por un accidente de tráfico.
La decisión de expedientar a Aluvisa ya ha sido aprobada en Junta de Gobierno. Fuentes municipales confirman que el servicio que presta esta empresa "da problemas" y que la "acumulación de incumplimientos" ha provocado que la sanción propuesta sea la mayor prevista en el contrato firmado por ambas partes.
Las irregularidades por parte de la empresa de los semáforos ya salieron a la luz durante la etapa final del mandato del tripartito. Fue a partir de un demoledor informe redactado por el funcionario del Ayuntamiento que estaba encargado de velar por la calidad del servicio. Entonces, llegó a plantearse la rescisión del contrato, al entender que la decisión podría argumentarse desde el punto de vista jurídico en el rosario de incumplimientos por parte de la compañía.
Obligaciones
Según el informe elaborado en septiembre de 2018, la empresa encargada del mantenimiento de la red semafórica incumple la mayoría de las obligaciones que figuran en el contrato con el Ayuntamiento de Oviedo. Así, Aluvisa no tenía asignado el personal requerido ni disponía de los vehículos especiales comprometidos para la prestación del servicio en la ciudad. Además, no constaban los programas informáticos de gestión que había planteado. Ni siquiera había logrado realizar la rotación de radares y fotorrojos.
Todos los incumplimientos detectados suponen para las arcas del Ayuntamiento de Oviedo un notable agujero económico de más de 400.000 euros al año, según se detalla en el informe. Se trata de infracciones muy graves, al estar prestando un servicio que supone "un enriquecimiento injusto" por prácticas defraudadoras.
Entre las carencias más graves figura la falta de un vehículo grúa y la de un técnico de los siete previstos, así como diversas omisiones en los servicios ofertados. También se apreciaron dos infracciones leves: la no presentación en soporte informático del parte diario de reparaciones y la no prestación de diversos servicios.
