"Un trabajador que haya sido despedido de forma improcedente y esté esperando a cobrar la indemnización no lo conseguirá, de momento, porque todos los plazos están paralizados. Ni puede celebrarse la conciliación administrativa, ni la conciliación judicial, ni el juicio". Domingo Villaamil es uno de los muchos letrados que denuncian públicamente la paralización de la justicia por el estado de alarma y sus consecuencias. "Sin presentar demandas no facturamos, pero el mayor problema es para la ciudadanía, que en muchos casos se ve desasistida", matiza este abogado laboralista con despacho en Oviedo, que como el resto de sus colegas ha visto mermar su trabajo notablemente desde el inicio de la pandemia y reclama la vuelta a la normalidad cuanto antes.
"Podemos tomar un café en una terraza e ir a cortarnos el pelo, pero el poder judicial ni está ni se le espera. Hay multitud de derechos suspendidos, como la tutela judicial efectiva", critica el abogado municipal en excedencia y administrativista Miguel Teijelo, del despacho De la Iglesia y Teijelo. Todas las actuaciones judiciales y los plazos procesales se han suspendido hasta el 24 de mayo salvo los servicios esenciales o intervenciones urgentes e inaplazables. El Consejo General del Poder Judicial acordó con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado que estas excepciones sean, entre otras, las medidas de protección de menores, órdenes de protección y medidas cautelares relacionadas con víctimas de violencia de género o licencias de enterramiento.
El decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Luis Albo, achaca la parálisis temporal de la justicia a dos factores principalmente: la falta de medios técnicos y la carencia de medidas de seguridad para garantizar la salud de los funcionarios y de la ciudadanía. "Hay estamentos que carecen de medios para poner en marcha la actividad que pedimos. Habría que dar una dotación económica inmediatamente para que eso funcione. En otras actividades se ha podido hacer teletrabajo, pero en la administración de justicia sus funcionarios no han podido hacerlo". Estos días hay un funcionario por cada Juzgado, una cifra mucho menor a la habitual. En ese sentido, el letrado Teijelo destaca el hecho de que "del servicio público de justicia vive mucha gente, abogados, procuradores, peritos? pero solo están cobrando su sueldo íntegramente los funcionarios de justicia, y muchos en su casa".
