Había 42 testigos citados en el Penal número 1 de Oviedo entre presuntas víctimas, personal de seguridad del hospital y policías, al estilo de macrojuicios tipo “Gürtel”. Pero todos se fueron ayer a casa sin declarar, porque la vista contra la trabajadora del HUCA acusada de robar en las taquillas del personal sanitario durante dos años seguidos fue suspendida diez minutos antes de su inicio. La fiscal del caso, tras una conversación con la defensa, le pidió al juez un aplazamiento para que la procesada sea examinada por un psiquiatra forense. El ministerio público quiere saber antes del juicio si la mujer sufre cleptomanía –un trastorno del control de impulsos que lleva al hurto compulsivo– y si esa patología fue la que la llevó a arrasar con el dinero y los objetos de valor de los casilleros al tiempo que desempeñaba su labor de peluquera en el centro, un trabajo que realiza personal del Sespa y que consiste básicamente en rasurar a los pacientes antes de las operaciones o en afeitar a enfermos que no pueden valerse por sí mismos.
La letrada Naira González, que defiende a la acusada, ya había hablado previamente con la fiscal y sabía que el ministerio público iba a solicitar el informe forense, pero la formalidad obliga a que ese “acuerdo” sea ratificado por el juez en sala y así se hizo. La defensa juega así sus cartas porque considera que un diagnóstico de cleptomanía puede eximir a su cliente de la pena de cinco años de cárcel que le pide la fiscal. Es un derecho y probablemente la mejor manera de defender a la procesada, pero la suspensión del juicio y la movilización de 42 testigos para nada –tres de ellos, además, citados a través de videoconferencia– supone “una pérdida de tiempo y de dinero” para los afectados y para el erario público, según alguno de los citados. “¿No se podía haber hecho antes ese examen médico?”, se preguntaba uno de los testigos a las puertas de los juzgados de Llamaquique, que ayer estaban “demasiado cargados” por la celebración de varios juicios al mismo tiempo. De hecho, la mayoría de los citados para el procedimiento contra la peluquera del HUCA ni siquiera entraron en el edificio por precaución. La mayoría estaban esperando fuera cuando salieron a avisarles de que tenían que irse a casa y esperar a que les llegue una nueva citación.
A falta del informe médico, el escrito del fiscal sostiene que la mujer usaba su condición de empleada del centro hospitalario para acceder a las taquillas de los sanitarios y arrasar con todos los objetos de valor que se encontraba dentro. El ministerio público mantiene que la acusada se ganaba la confianza de médicos y enfermeros del centro para coger llaves olvidadas, sustraerlas o directamente forzar las cerraduras y llevarse a casa, móviles, ropa o dinero ajeno.
Los supuestos robos tuvieron lugar entre los años 2018 y 2019. La mujer solía actuar en la planta -2, en la zona de vestuarios dedicada al personal, donde médicos y enfermeras, en su mayoría, guardaban sus pertenencias durante la jornada laboral. Dichos robos se sucedieron hasta que fue detenida en septiembre de 2019 por la Policía Nacional, gracias a la colaboración de la empresa encargada de la seguridad del complejo sanitario.
La detención se produjo a raíz de 43 denuncias de otros tantos profesionales afectados por la oleada de robos. Teléfonos móviles de alta gama, ropa y complementos de gran valor, productos de aseo personal o dinero en efectivo son solo algunos ejemplos del botín logrado por la trabajadora, que gozaba de libertad de movimientos por el hospital debido a su tipo trabajo. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía exige la devolución de los objetos sustraídos “en perfecto estado” y, si esto no fuera posible, una indemnización por el valor más los intereses.
