Todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que contar con una zona de bajas emisiones antes de 2023 y para el diseño de la de Oviedo el gobierno cuenta con la asesoría de los padres de “Madrid Central”, la consultora Everis. La empresa, que forma parte del conglomerado empresarial NTT Group tiene pensado desembarcar en los próximos meses en la ciudad y, de hecho, ya está contratando gente para lanzar su nueva oficina en Asturias.

La zona de bajas emisiones de Oviedo se superpondrá en buena parte con el caso histórico, aunque los últimos dibujos cogerán otras zonas de la ciudad. Esta imposición del gobierno central tiene una contrapartida, la posibilidad de captar fondos europeos que sufraguen el proyecto de movilidad sostenible. La ciudad, en principio, tiene pensado solicitar hasta diez millones de euros de las ayudas de Europa. Las zonas de bajas emisiones son áreas en las que se restringe el tráfico más contaminante. Según diversas fuentes, el proyecto de Oviedo será progresivo. Se irán sumando calles restringidas al tráfico de vehículos según avancen los años, para cumplir con los objetivos sin que las medidas resulten “traumáticas”.

Para poder acogerse a la primera línea de ayudas de los fondos europeos abierta a finales de agosto por el Ministerio de Transportes los municipios deben presentar sus proyectos antes de que termine el mes.

Las implicaciones de la zona de bajas emisiones para el tráfico en la ciudad son significativas. Salvo los vecinos, a priori, no podrán circular por el “área verde” los coches de gasolina matriculados antes de 2000 y diéseles anteriores a 2006. Estos son los que carecen de la etiqueta ambiental de la DGT. Este modelo, que es el básico de las zonas de bajas emisiones tendrá ciertas modificaciones en Oviedo. En principio, según apuntan desde el gobierno, se llevará a cabo un control de accesos con cámaras de seguridad, pero por matrículas. Habrá excepciones por motivos concretos.

Una vez se remita el proyecto a Madrid, Oviedo deberá esperar a ver si Transportes le concede la financiación para cumplir con las exigencias de Medio Ambiente.