Zanjar de manera definitiva el culebrón judicial que durante 15 años ha traído de cabeza a miles de vecinos, sometido a 6 procesos judiciales a corporaciones presididas por 4 alcaldes y obligado a quitar y reponer en más de una ocasión las placas de una veintena de calles tiene un precio. La concejalía de Infraestructuras acaba de dar el visto bueno a un contrato por importe de 50.000 euros para el suministro de un centenar de placas con las nuevas denominaciones de la veintena de calles que desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero en 2006 se han visto abocadas a continuas idas y venidas por cuestiones judiciales y políticas.
El departamento dirigido por Nacho Cuesta pretende aprovechar el contrato para dotar de nuevos rótulos de otros viales que cambiaron por decisión del actual equipo de gobierno como es el caso de la antigua Indalecio Prieto, que este mismo año pasó a denominarse Federico García Lorca. Del mismo modo, se sustituirán algunos letreros de viales que mantienen su nomenclatura, pero se encuentran muy deterioradas, rotas o simplemente desaparecieron por motivos que se desconocen.
La memoria justificativa del contrato describe los nuevos rótulos como placas de fundición de aluminio, con marco interior y escudo de la ciudad en alto relieve, de dimensiones de 600 x 400 milímetros, un marco de cinco milímetros de espesor y un espesor de fondo de placa de 8 milímetros. Un diseño continuista con el existente actualmente y más sofisticado que el utilizado en la primavera de 2018 para los cambios de denominación en aplicación de la Ley de Memoria Histórica que finalmente fueron tumbados por la justicia asturiana.
Seis meses
El plazo máximo para el suministro de las placas será de seis meses. El borrador del contrato establece que la compañía deberá aportar el 40% de los indicadores en el primer mes desde la firma del acuerdo, el 20% restante en el segundo mes y durante cada uno de los cuatro meses restantes se irán entregando el 10% del total de las placas llamadas a terminar con tres lustros de continuo trajín.
Queda por ver si los carteles son colocados por personal propio del Consistorio o si, por contra, se recurre a una empresa externa para agilizar la actuación. De momento el precio máximo estipulado por placa es de 410 euros más IVA, 496 tras la aplicación de los impuestos, aunque se espera que el precio de adjudicación se sitúe bastante por debajo de la cuantía máxima prevista.
Fuentes municipales admiten su interés en dejar "cuanto antes" zanjado un problema arrastrado durante algo más de una década, que desde el equipo de gobierno de Alfredo Canteli han optado por enterrar siguiendo a pies juntillas las directrices marcadas por los tribunales y buscando alternativas a los nombres heredados de la corporación local anterior que, a su juicio, podrían desembocar en nuevos conflictos jurídicos.
El último fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), conocido hace algo más de un mes, hizo firme el cambio de los últimos 17 nombres franquistas al tumbar un recurso presentado por la Hermandad de Defensores de Oviedo. Un paso que al modo de ver del Ayuntamiento podría ser el capítulo del culebrón judicial y, por tanto, deja vía libre para proceder a la colocación de unas placas que hasta la fecha había permanecido aparcado ante el temor de la llegada de alguna sentencia que llevase de nuevo al traste los deseos municipales de dar carpetazo a un asunto que durante demasiado tiempo ha traído locos a carteros y dificultado la domiciliación de algunos recibos.
Ley regional
Previamente, el ejecutivo municipal de Alfredo Canteli tuvo que aplicar la Ley de Memoria Democrática del Principado para retirar cuatro nombres vinculados al franquismo que el tripartito ya había tratado de borrar del mapa sin éxito. Las calles Fernández Ladreda, General Yagüe, Marcos Peña Royo y Yela Utrilla fueron rebautizadas el pasado diciembre como Rosa María Menéndez López (investigadora), Plácido Arango (empresario asturmexicano), María Neira (médica) y Patricia Urquiola Hidalgo (arquitecta), respectivamente. El gobierno local desechó entonces la posibilidad de recuperar los nombres de Joaquín Costa, Juan Benito Argüelles, Lola Mateos y Arquitectos Galán aprobados en su día por el tripartito formado por PSOE, Somos e IU a través de un acuerdo de junta de gobierno que finalmente fue anulado por la justicia.
Unos meses antes, concretamente entre octubre y noviembre, el Ayuntamiento fue anunciando los 17 nuevos nombres de las otras calles afectadas en su día por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El presidente Leopoldo Calvo Sotelo, Pepa Ojanguren, Melquiades Cabal, la plaza del Fresno, la plaza de la Libertad, Luis Fernández-Vega Sanz, Carlos López Otín, Cocina Económica, Federico Romero, Carlos Casanueva, Jesús Neira Martínez, Francisco Rodríguez García, Maestros Nacionales, Armando Álvarez Palacio, Miguel Ángel Blanco, Antonio Suárez y Miguel Casas Marín pasaron entonces a formar parte del callejero ovetense en una decisión que fue criticada desde la oposición por la escasez de nombres de mujer.
Desde el gobierno de coalición de PP y Cs se defendieron entonces recordando que las propuestas del tripartito habían sido tumbadas por los tribunales y dichos fallos les daban vía libre para realizar propuestas propias sin tener que recuperar algunos de los nombres planteados por las formaciones de izquierdas, a juicio de los populares "de manera sectaria".
