"Esa torre no es un elemento determinante ni esencial de la operación de La Vega, nunca lo ha sido". Con esas palabras, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo y edil de Urbanismo, Nacho Cuesta, confirmó ayer la disposición de la administración local a renegociar algunos de los detalles sobre la concentración de la edificabilidad en la parcela de La Vega con la que, según el protocolo firmado en verano, se pretende compensar al Ministerio de Defensa. Esa posibilidad, adelantada hace dos semanas por LA NUEVA ESPAÑA y que ataja uno de los aspectos más polémicos del acuerdo entre Ayuntamiento, Defensa y Principado, fue una de las novedades más significativas dentro del debate sobre el futuro del ámbito fabril que ofreció, ayer, el encuentro organizado en la Universidad por el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología del Principado en colaboración con la Asociación Asturiana de Sociología.
La posibilidad de que el Ayuntamiento no concentre los aprovechamientos urbanísticos que recibe Defensa en una edificio "singular" con 24 alturas fue entendida, al otro lado de la mesa del debate, por parte de Juan Álvarez, ingeniero de Minas y miembro de la plataforma "Salvemos La Vega", como un éxito de la acción crítica impulsada por su grupo. "Oyendo a Nacho", dijo tras la primera intervención del edil, "estaríamos casi de acuerdo, el problema es cuando se concreta, y damos bienvenida a que la torre que en el protocolo era un elemento sustancial para dar empaque a la ciudad empiece tambalearse por la presión ciudadana".
Las posturas antagónicas entre el equipo de gobierno, representado por Nacho Cuesta, y los críticos con la operación, en especial miembros de la plataforma, no permitieron profundizar en el debate en los términos en que lo habían propuesto los sociólogos y el moderador, el sociólogo y profesor de la Universidad de Oviedo Hans van der Broek. O no del todo. Los dos expertos ajenos a la refriega de tintes políticos que gira en torno a este acuerdo sobre La Vega, el urbanista Víctor García Oviedo, redactor de la revisión del Plan General, y el catedrático de Economía Fernando Rubiera, investigador del RegioLab, sí aportaron elementos de reflexión sobre el futuro del ámbito, más allá de los términos del acuerdo con Defensa.
Rubiera expuso la teoría de los requisitos para que un lugar sea exitoso, como sucede, en el ejemplo canónico, con Silicon Valley: "Que haya una concentración fuerte de empresas consistentes entre ellas" y que "tengan cerca una gran ciudad, en el caso de Europa de más de medio millón de habitantes". La fórmula, concluyó, lleva a desechar un enfoque solo pensado para Oviedo y sí una Vega vinculada al proyecto metropolitano y su conurbación de 800.000 almas. Respecto a las empresas, apoyó la potencialidad de un sector biosanitario, no solo vinculado a la salud, que encaja con los análisis de especialización inteligente pensados para que la región capte fondos europeos.
García Oviedo echó mano de uno de sus famosos decálogos para recetar algunas ideas sobre la Fábrica de Armas, siendo la primera, como la de Rubiera, su condición metropolitana. También, la necesidad de pensar la transformación en términos de actividad económica, y no de "si más o menos viviendas". Explicó que es un área de oportunidad que no tienen otras ciudades, porque sumando el HUCA y este ámbito son 350.000 metros cuadrados, y defendió que es un área urbana con manzanas que encajan en la trama a la perfección nada más desmontar el cierre de la parcela. Ahí hace falta, insistió, "promiscuidad de usos, con el biosanitario como dominante" y buscar una figura "con experiencia contrastada que sepa lo que es intervenir en un área como esa".
Cuesta aplaudió la fórmula empleada recientemente por Barbón de "convertir La Vega en un barrio europeo de innovación", porque, insistió, en un barrio, a diferencia de un polígono, hay vivienda. Insistió en que la calle que atraviesa el recinto cumple el objetivo de "salvaguardar Santullano" y aseguró que las catas arqueológicas se realizarán con todo rigor, e informes tanto de Patrimonio como del Ministerio.
Desde la plataforma, Juan Álvarez insistió en la necesidad de saber qué se presente en La Vega: "¿Si no sabemos qué queremos hacer cómo podemos delimitarlo por el protocolo?", afeó que las viviendas traerán todavía más tráfico a los 25.000 vehículos que siguen entrando diariamente a Oviedo por ese ámbito y frente al "no vamos a pagar por la fábrica" del equipo de gobierno calculó en más de 200 millones el rédito que con suelo público podría conseguir Defensa, más allá de la tasación de 45 millones frente a los 15 que, según sus cálculos, costaría con la catalogación actual de suelo industrial.
