Oviedo, E. G. / Agencias

Tiene 76 páginas y va a ser mirado con lupa. Es el borrador de la ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que la ministra del ramo, Cristina Garmendia, envió ayer a las comunidades autónomas, los sindicatos, las universidades y la comunidad científica. El presidente de la comisión de expertos que la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) nombró para evaluar la futura ley, el matemático asturiano Juan Luis Vázquez, pidió ayer «unos días» para examinar un texto que, entre otras novedades, convierte las becas de investigación predoctoral, dependientes del Ministerio, en contratos, con derecho a Seguridad Social. El borrador incluye, asimismo, la puesta en marcha de una agencia estatal de financiación de las investigaciones básica y aplicada.

Garmendia presentó el texto ayer en Madrid con una intervención pública que sonó a despedida. La futura ley «cierra una etapa, y lo que suceda a partir del verano será una decisión del presidente del Gobierno», en alusión a su posible salida del Ejecutivo. Cristina Garmendia es uno de los nombres a la baja en el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero con vistas a una posible remodelación del Ejecutivo que cada vez parece más cercana.

Lo que quiere el Gobierno es que la ley sea aprobada en el Consejo de Ministros del próximo 12 de marzo. Lo tiene complicado porque, para empezar, el profesor Vázquez, catedrático de la Autónoma madrileña, asegura que «la estudiaremos con calma».

El borrador estuvo, por así decirlo, en paradero desconocido desde que hace varios meses la citada comisión de expertos presidida por Vázquez alertara de que el texto legislativo era manifiestamente mejorable.

«Treinta mil científicos de toda España necesitan una ley que funcione. Lo que dijimos entonces era que con aquel primer borrador había mucho trabajo por hacer». Ahora el Gobierno tiene prisa y pretende que en poco más de quince días se discuta un texto básico para la ciencia española, llamado a sustituir a la actual ley, vigente desde 1986. Una ley de la que, por lo general, la comunidad científica no reniega.

Al margen de los plazos, la Ministra tiene confianza porque percibe, dijo, «cierta tranquilidad» en el sistema español de ciencia e innovación que mantiene «operativas sus capacidades» con la convocatoria de todos los programas al mismo nivel que el año anterior, a pesar de un entorno general, añadió la Ministra, «de tan elevado nivel de desempleo».

A Garmendia le quedan por delante unos días para no parar. La próxima semana el borrador tendrá la primera gran prueba de fuego en la reunión del Consejo General de Política Científica y Tecnológica. La Ministra presentará el texto hoy mismo a los portavoces parlamentarios de la Comisión de Ciencia del Congreso. Hoy también pasarán por el Ministerio de Ciencia los representantes de los sindicatos y mañana lo harán distintos consejeros de Ciencia. Poner de acuerdo a todos se antoja tarea complicada.

La puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación como agente de financiación del sistema se perfila como uno de los aspectos más polémicos. El Ministerio de Ciencia se ha apresurado a señalar que su creación no podrá suponer aumento del gasto público y no se financiará con créditos del presupuesto financiero del Estado, salvo en los casos y con los límites que se establezcan mediante los Presupuestos Generales del Estado.

La financiación de la investigación científica tendría, con la nueva ley en la mano, dos posibles recorridos. Además de esta agencia estatal, funcionaría el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), orientado a gestionar programas liderados por las empresas.

El portavoz del PP en la Comisión de Ciencia, Gabriel Elorriaga, calificó el borrador de «versión descafeinada» del que circuló hace un año. «El texto es muy parecido», por lo que «sorprende» que el Ministerio haya «tardado tanto tiempo» en mandar una nueva versión.

Para Elorriaga, en este nuevo texto «no se ha rematado lo que era una de las batallas: la Agencia Estatal de Financiación», ya que contiene sólo una autorización al Gobierno para crear la citada agencia, una autorización que «ya existe desde 2006». Este punto del borrador hay que mejorarlo, según el PP, porque el compromiso con esta agencia tiene que ser «inequívoco».