El consejero de Sanidad asturiano, Faustino Blanco, ha rechazado hoy la decisión del Gobierno de "imponer" el copago también en algunos fármacos de dispensación hospitalaria que, a su juicio, "sólo plantea medidas que atacan la equidad, castigando y empobreciendo a las personas más vulnerables".

En un comunicado, Blanco ha analizado la decisión del Gobierno del PP de que los pacientes graves o crónicos no ingresados deberán pagar desde el 1 de octubre medicamentos dispensados en hospitales.

Para el consejero asturiano, esta medida "representa un cambio cualitativo de enorme impacto para los ciudadanos más vulnerables y supone otro impuesto más a la enfermedad".

El Principado reclama a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que reconsidere su postura antes de la entrada en vigor de la medida, el próximo 1 de octubre.

El titular de Sanidad asturiano considera que "desde el punto de vista de un profesional de la salud, resulta muy difícil de entender esta decisión del ministerio por lo que puede suponer para los pacientes de enfermedades de larga duración, con tratamientos oncológicos, de fertilidad, contra la hepatitis o la esclerosis múltiple, que serán algunos de los más afectados por esta medida".

"Es algo que resulta inadmisible en todo tiempo, pero más aún en una situación de crisis económica como lo que nos está tocando vivir", subraya.

Blanco cree que la medida no se enmarca en el objetivo de lograr un uso racional del medicamento y muestra la "escasa" disposición del Gobierno para entender los problemas de la gente que lo está pasando mal y que puede tener verdaderas dificultades para acceder a un tratamiento por razones económicas.

"Esta medida es absolutamente injusta y muy peligrosa para la salud de la gente, porque si ya detectamos casos de personas que no recogen su medicación en las farmacias debido al copago, esta circunstancia se agravará en el grupo de pacientes afectados por este nuevo cargo", advierte.

Por otra parte, Blanco indica que las farmacias de los hospitales no tienen mecanismos de facturación y cobro, lo que añade a la decisión del PP "un nuevo galimatías administrativo y más gasto, en un momento en el que las comunidades autónomas aún no han podido resolver adecuadamente los problemas originados por el copago farmacéutico debido precisamente a las lagunas y contradicciones de la legislación que aprobó el departamento de Ana Mato".