Los cinco miembros de "la Manada" quedaron ayer en libertad provisional a la espera de que el Tribunal Supremo de Navarra resuelva los recursos presentados contra la sentencia que los condenó el pasado mes de abril a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven en Sanfermines de 2016. Tras dos años de prisión los sevillanos abandonaron la cárcel mientras milles de manifestantes salían a las calles, en ciudades de toda España, para protestar contra de la decisión.

Los primeros en abandonar la prisión, previo pago de los 6.000 euros de fianza fijados por la Audiencia de Navarra, fueron los tres condenados que se encontraban en la cárcel de Pamplona. A José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza les esperaban hacia las seis de la tarde de ayer dos coches a la salida del centro penitenciario. Allí también aguardaban algunos de sus familiares, los medios de comunicación y varias personas, que les gritaron y abuchearon cuando abandonaban el lugar.

Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero, los encausados en la cárcel militar de Alcalá de Henares, en Madrid, se fueron en taxi, en torno a las siete y media de la tarde. Los miembros de "la Manada" se mostraron ayer "contentos, satisfechos y locos por encontrarse con su familia", según el abogado de tres de ellos, Agustín Martínez Becerra. Los condenados se encontraban en prisión desde el 9 de julio de 2016 y la Audiencia de Navarra les concedió el jueves la libertad provisional al considerar "impensable" que vuelvan a delinquir o que puedan fugarse.

Repulsa

El presidente de Asturias, Javier Fernández, afirmó ayer en los pasillos de la Junta que "los hechos juzgados son gravísimos y han generado una gran alarma social" y ha manifestado su "solidaridad hacia la víctima y hacia todas las mujeres que sufren violencia de género". Por su parte, la portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, criticó la decisión de poner en libertad a los miembros de "la Manada". "Los hechos probados y condenados son muy graves, gravísimos", argumentó Celaá, que añadió: "Ella dijo no. Esa es la opinión que está en el ambiente social y es un hecho probado". Una idea que se dejó sentir ayer en las calles con el simbólico grito de "no es no".

Miles de personas salieron a la calle en las principales ciudades del país para criticar la decisión judicial al grito de "fuerza machistas de los juzgados". Las feministas de Sevilla, ciudad donde residen los cinco miembros de "la Manada", fueron especialmente activas con cabo una campaña en redes sociales para aislarlos y promover su rechazo. Han repartido una serie de carteles en los comercios de la capital andaluza con lemas como "En este establecimiento no atendemos violadores. #Stopmanada".

En materia legal, el Ejecutivo estudiará una posible reforma del Código Penal en los artículos referidos a la violencia y la indemnidad sexuales. También propondrá una ley orgánica para mejorar la formación en materia de violencia de género, como recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, apoyado por todos los partidos menos Podemos.

Por último, el Ejecutivo se planteó personarse en los futuros casos de delitos sexuales "en defensa de las víctimas". Un procedimiento que, más tarde, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, matizó que no se podía llevar a cabo porque existen una serie de "normas y reglas".

Los otros partidos criticaron la medida. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, argumentó que el problema está en "la lentitud de los tribunales". La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Podemos), tachó de "incomprensible" que "se desoiga la crítica social generalizada".

La presidenta del Consejo General de Abogacía Española, Victoria Ortega, cree que la resolución "pone de manifiesto la necesidad de reforzar y mejorar la formación de jueces y fiscales en materia de género".