La Audiencia de Navarra ha condenado a tres años y tres meses de prisión y 5.670 euros de multa, como autores de un delito contra la intimidad, a dos de los cinco miembros de "la Manada" por grabar la violación grupal de los Sanfermines de 2016 con el "ánimo de dejar constancia de los actos de naturaleza sexual". Los magistrados, que han absuelto a los otros tres imputados, han destacado la "gravedad de los hechos" y "la vulneración de la intimidad" que "se produjo en el contexto de una agresión sexual".
El pasado mes de julio, el Tribunal Supremo condenó a los cinco miembros de "la Manada" por un delito continuado de violación a 15 años de prisión. En lo tocante al delito contra la intimidad, el Supremo estimó en parte los recursos de dos de las acusaciones y ordenó dictar otra sentencia solo sobre este delito.
La Audiencia ha dictado sentencia finalmente y ha condenado a Antonio Manuel Guerrero, quien grabó seis vídeos y realizó dos fotografías con su teléfono, y a Alfonso Cabezuelo, que efectuó una grabación con el móvil. Los otros tres miembros de "la Manada" han sido absueltos, al considerarse que "no aportaron ninguna colaboración objetiva y causal, eficazmente dirigida a la consumación del delito expresado".
Ayer, tras hacerse pública la condena, el abogado defensor de "la Manada", Agustín Martínez Becerra, expresó su "estupefacción por que a una persona le vayan a caer veinte años y tres meses por los hechos ocurridos en Pamplona". Martínez, que asiste en Córdoba a la vista oral de la otra causa, que se inició con la investigación de la violación de los Sanfermines y en la que están acusados cuatro de sus clientes, ha defendido que "el principio de proporcionalidad debe regir en cualquier tipo de sanción penal" y anunció que recurrirá la sentencia.
Risas en el banquillo
Ayer, en Córdoba, declararon los agentes de la Policía Foral de Navarra. Aseguraron que tenían autorización judicial, con tres autos, para investigar los teléfonos de los miembros del grupo de WhatsApp de 'la Manada', lo que acabó con cuatro de sus miembros implicados en el caso de abusos que ahora se juzga, a una chica de 21 años en Pozoblanco (Córdoba), en mayo de 2016. La defensa de los cuatro acusados había solicitado la nulidad de esa prueba, argumentando que fue obtenida sin autorización. El titular del juzgado de lo Penal nº. 1, que lleva el caso, rechazó su petición a la espera de oí los testimonios policiales.
El forense y la psicóloga que atendieron a la víctima también testificaron ayer. Ambos declararon que la joven sufrió "estrés postraumático" al ver las imágenes de los hechos y por la "exposición mediática" a la que se vio sometida. El forense indicó que la víctima presentaba síntomas compatibles con "experiencia de muerte, lesiones graves o violencia sexual grave" y explicó que lo ocurrido ha afectado "de forma devastadora" a su vida cotidiana, con "irritación", un estado "hiperalerta" y "miedo".
El juez reconvino ayer a los acusados y detuvo uno de los interrogatorios para llamarles la atención por sus risas y los gestos que estaban haciendo en el banquillo. "Veo que les hace mucha gracia lo que se está planteando en la sala", les amonestó.
