El Gobierno del Principado de Asturias, que preside el socialista Adrián Barbón, considera que el llamado "pin parental" que promueve Vox puede privar al alumnado de una educación "plural". Desde el Ejecutivo regional han advertido además que utilizarán "todos los referentes democráticos y constitucionales" para frenar esta medida por "responsabilidad política".
Desde la Consejería de Educación se insiste en que esta propuesta afecta "peligrosamente" a un alumnado que "puede verse privado de una educación plural, democrática, solidaria, crítica y conforme a las leyes educativas acordadas en un Congreso y en un Senado democráticos en nuestro país".
"Defenderemos que sea una ciudadanía responsable la que salga de nuestras aulas para que la libertad, la democracia, la justicia social, el internacionalismo, el pacifismo, el feminismo que han sido ideas que han cambiado el mundo no se vuelva a retornar en oscurantismo", añaden desde el departamento que encabeza la consejera Carmen Suárez.
La reacción de la consejería llega después de que este periódico avanzase que un centro educativo de Gijón ha recibido una petición para aplicar el "pin parental", y de que el grupo parlamentario de Vox anunciase, el sábado, que pretende llevar a la próxima sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) una proposición no de ley para defender el "pin parental". No será, en todo caso, la primera vez en esta legislatura en la que se hable de este asunto en el parlamento asturiano: el 8 de octubre de 2019 el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, preguntó a Suárez sobre en el pleno sobre programas de educación afectivo-sexual que se realizaban en Asturias, criticando que fuese personal externo el que lo impartiese. Suárez respondió entonces que no le constaba ninguna queja. La dirigente asturiana apuntó que Blanco estaba confundiendo la educación en igualdad con el derecho a la formación moral y religiosa.
