Los autónomos asturianos no se sienten protegidos por el "escudo económico y social" aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la crisis del coronavirus. Las organizaciones que los representan consideran "poco generosa y mal regulada" la nueva prestación extraordinaria por cese de actividad -que garantiza para la mayoría de los autónomos que han tenido que cerrar un pago mensual de 661 euros- y lamentan que no haya ayudas para los que continúen trabajando bajo mínimos, que deben seguir pagando sus cuotas a la Seguridad Social.
"Estamos totalmente decepcionados", señaló Ignacio García, secretario general de CEAT-Asturias, los autónomos de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). García apuntó que tal como se ha regulado la nueva prestación, muchos autónomos "podrían sufrir consecuencias negativas" ya que el cese de actividad podría provocar la pérdida de otras ayudas como la tarifa plana en las cotizaciones de nuevos autónomos o el acceso a subvenciones. "Además de regularse de otra forma, también nos hubiera gustado que esas prestaciones fueran más generosas y tuvieran en cuenta, para obtenerlas, aspectos como las actuales restricciones de movilidad".
En Asturias había al cierre del pasado mes 72.736 trabajadores por cuenta propia e Ignacio García apuntó que el real decreto "se olvida" de uno de cada tres autónomos "puesto que no hace referencia a los autónomos societarios". Además destacó que no incluye medidas para aquellos que, a pesar de la difícil situación, no quieren cesar su actividad. "Para ellos planteábamos la eliminación o una moratoria en las cuotas a la Seguridad Social o como alternativa alguna rebaja fiscal y en el decreto no se ha incluido nada", afirmó García.
Patricia Oreña, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Asturias, puso el ejemplo de un dentista que no cierra su clínica para atender casos urgentes pero que sufre un bajón de clientela por el estado de alarma. "Con los ingresos de esos contados casos urgentes, el odontólogo difícilmente va a poder cubrir gastos fijos de alquiler o hipoteca del local y de electricidad, y lo que esperábamos del Gobierno es que lo exonerara del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social mientras dure esta situación excepcional", señaló Oreña, que añadió que esos trabajadores por cuenta propia se sienten "defraudados" con el Gobierno.
La FADE ha echado en falta más medidas de apoyo a los autónomos, "los grandes perjudicados" de esta crisis, según su presidente Belarmino Feito, y organizaciones sectoriales como la del turismo de Asturias, Otea, demandó ayer la suspensión de la cotización de los autónomos. "Seguiremos luchando para que se incluya entre las medidas del Gobierno", señalaron desde OTEA.
Los partidos políticos PP, Ciudadanos, Vox y Foro Asturias demandaron la exoneración de las cuotas y el Consejo General de Economistas de España señaló, tras analizar las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, que de no suspenderse la cotización de los autónomos "se estaría priorizando o dando mayores ventajas al cese de actividad y la suspensión de los contratos de trabajo frente a aquellas empresas que, por tipología, pueden seguir prestando sus servicios". Además, el Consejo de Economistas añadió que esa circunstancia "agravaría" la situación económica del país.
Para los trabajadores por cuenta propia, el real decreto de medidas urgentes anunciado el martes por Pedro Sánchez incluye la creación de una nueva prestación extraordinaria para los casos en que su actividad se haya visto severamente afectada por las medidas tomadas por el COVID-19. Esa prestación, que es análoga a la de cese de actividad (el paro de los autónomos) pero con matices, beneficia a aquellas personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
La prestación, que es incompatible con cualquier otra de la Seguridad Social, tiene una cuantía del 70% de la base reguladora, aunque no se haya cumplido el periodo mínimo de 12 meses de cotización continuada para acceder a la prestación por cese de actividad, aspecto que las organizaciones de autónomos consideran como principal novedad respecto al ordenamiento que había.
La duración de la prestación extraordinaria es de un mes, pudiéndose ampliar hasta el último día en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue. Además, otra de las novedades con respecto al cese de actividad ordinario es que el tiempo de su percepción se entenderá como cotizado (sin tener que pagar la cuota) y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló ayer respecto a los autónomos que han manifestado su disconformidad ante un decreto que consideran insuficiente, que las medidas les permiten, a los que puedan continuar su actividad y tengan un empleado, no tener que despedirlo y aplicar un ERTE. "A aquellos que han tenido que bajar la persiana porque se reduce su actividad profesional", podrán percibir la prestación por cese de actividad y, además, "vamos a cotizar por ellos", señaló la Ministra, quien ha reconocido que "seguro que faltan medidas y podemos mejorarlas".
A la mejora de esas medidas se refirió ayer el secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero. El sindicalista destacó que el Gobierno ha aprobado que todos los autónomos con pérdidas severas puedan acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y queden exonerados de pagar las cuotas a la Seguridad Social, pero remarcó que la mayor parte de este colectivo (que cotiza con la cuota mínima) quedaría con unos ingresos al mes de 661 euros. Por ello consideró que las comunidades autónomas podrían complementar las medidas para que ningún autónomo quede por debajo del salario mínimo interprofesional, de 900 euros.
La gestión de la nueva prestación extraordinaria por cese de actividad le corresponderá a la mutua colaboradora con la Seguridad Social con la que tenga cubierta la contingencia de cese de actividad el trabajador autónomo, aunque también le corresponderá la gestión al Servicio Público de Empleo Estatal si la cobertura de la contingencia de cese de actividad la tiene concertada con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o con el Instituto Social de la Marina, si es la entidad que cubre dicha contingencia.
"Con la situación de estado de emergencia esperamos que las mutuas tengan la capacidad de gestión suficiente para asumir esta nueva carga de trabajo que les cae encima", señaló Ignacio García, secretario general de la organización de autónomos CEAT-Asturias. El sector de las aseguradoras es uno de los que no están afectados por las restricciones del real decreto por el que se declaró el estado de alarma por coronavirus. Los autónomos podrán acudir a las oficinas de las mutuas para tramitar sus prestaciones por cese de actividad. No obstante, la mayoría de estas entidades están recomendando estos días a sus clientes las comunicaciones por vía telemática o telefónica.
