El Consejo de Gobierno del Principado fue inusual, como lo está siendo la vida misma. El presidente del Principado, Adrián Barbón, y sus consejeros se "reunieron" por videoconferencia. El jefe del Ejecutivo fue pasando lista mientras en la pantalla de su ordenador iban apareciendo, de cuatro en cuatro, sus colaboradores. La rueda de prensa posterior también se celebró en el Palacio de Presidencia, como siempre. Pero a la mesa de los comparecientes solo se sentó la consejera portavoz, Melania Álvarez, mientras desde las butacas que ocupan normalmente los periodistas escuchaba atentamente, desde la lejanía, el consejero de Salud, Pablo Fernández. Después, se intercambiaron los puestos. Sin rozarse.
La consejera portavoz, también titular de Derechos Sociales y Bienestar, inició su comparecencia agradeciendo la labor de los profesionales sanitarios y de las residencias geriátricas, así como de todos aquellos que luchan en primera fila contra el coronavirus.
A continuación pasó a anunciar una serie de medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno y centradas todas ellas en la batalla contra la pandemia.
Una de ellas es la autorización de una partida de 24,1 millones destinada a afrontar el pago de las prestaciones a personas dependientes hasta finales de año, de tal manera que se podrá adelantar el abono de estas ayudas, que en marzo asciende a 2,8 millones de euros.
Melania Álvarez indicó que las mejoras aplicadas en el plan de choque impulsado en las últimas semanas han permitido que más personas dependientes perciban una prestación económica hasta un total de 9.400, lo que supone 230 más que el pasado mes de febrero.
Otra de las medidas en el ámbito social aprobada ayer, y para la que ya se han iniciado los trámites administrativos con carácter de urgencia, se refiere a adelantar quince días el pago de las nóminas del salario social básico.
La Consejera portavoz matizó que se trata de una medida de carácter excepcional con la que se pretende garantizar que los colectivos más vulnerables dispongan de liquidez económica con la que hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19.
El crédito inicial para el salario social en los Presupuestos de este año asciende a 116.750.000 euros, lo que permitirá atender a alrededor de 22.000 familias.
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar registró en 2019 un descenso del número de solicitudes y de beneficiarios con respecto a 2018, además de reducirse la lista de espera. Melania Álvarez explicó al cierre del ejercicio que estos descensos se explicaban por "la mejora de la economía" y "la aplicación de las cláusulas sociales en los contratos de la Administración pública desde 2018 -fruto de la concertación social-, que favorecen la inserción de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral".
La crisis del coronavirus, sin embargo, hace pensar que estas cifras puedan repuntar si la pandemia se extiende demasiado en el tiempo y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se acaban transformando en despidos. Aun así, las fuentes consultadas indicaron que, si se diera el caso, el Principado actuaría aplicando su política de protección a los más vulnerables "para no dejar a nadie atrás".
